Catamarca se consolidó como un punto estratégico para las organizaciones dedicadas al narcotráfico que trasladan cocaína desde Bolivia y marihuana desde otras regiones del norte argentino hacia Mendoza y Chile. Las investigaciones judiciales revelaron que la provincia no solamente funciona como corredor de transporte, sino también como centro de almacenamiento y distribución, mediante una modalidad conocida como “enfriamiento”, que consiste en ocultar los cargamentos en fincas, galpones y viviendas hasta que disminuyan los controles de las fuerzas de seguridad.
Un relevamiento elaborado a partir de procedimientos oficiales de la Policía de Catamarca y Gendarmería Nacional contabilizó 44 operativos con secuestro de estupefacientes entre enero de 2024 y septiembre de 2026. De ese total, 34 intervenciones, equivalentes al 77,3%, se concentraron sobre la Ruta Nacional 38, uno de los principales corredores utilizados para conectar el norte del país con las provincias del centro y Cuyo.
La investigación, desarrollada en el marco del Laboratorio de Periodismo RedLab de FOPEA y Google News Initiative, expuso además las diferencias de criterio entre magistrados y fiscales federales sobre el verdadero alcance de las actividades del narcotráfico en territorio catamarqueño.
Mientras algunos funcionarios judiciales consideran que la provincia constituye principalmente una zona de tránsito, otros advierten que existen organizaciones que utilizan establecimientos rurales y depósitos clandestinos para almacenar, fraccionar y redistribuir importantes cantidades de droga.
Uno de los casos más relevantes se registró en julio de 2025, cuando fueron descubiertos 310 kilos de cocaína ocultos en una finca de Las Juntas, departamento Belén.
La sustancia estaba acondicionada dentro de cofres metálicos soldados en tanques plásticos de combustible. Según la investigación, el cargamento había ingresado desde Salta a través de caminos de la Puna, utilizando las rutas provinciales 17 y 43, por Antofagasta de la Sierra.
El objetivo habría sido evitar los controles habituales y mantener la droga almacenada antes de continuar con su distribución.
El fiscal Rafael Vehils Ruiz, representante del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, rechazó que Catamarca pueda considerarse exclusivamente una provincia de paso.
“Desde ya que no somos solo una provincia de paso. La muestra de que Catamarca se utiliza para enfriamiento y permanencia para consumo de la región es el allanamiento de los más de 300 kilos en un galpón”, sostuvo.
El funcionario explicó que algunas organizaciones también recurren al lanzamiento de cargamentos desde avionetas sobre zonas rurales, donde posteriormente son recogidos y trasladados hacia depósitos clandestinos.
Esta hipótesis cobró relevancia tras el secuestro de 470 kilos de cocaína en el sector oriental de la provincia, cerca del límite con Tucumán y la Ruta Nacional 157.
Los investigadores sospechan que determinados cargamentos podrían ser arrojados desde aeronaves sobre salinas y campos abiertos, para luego ser recuperados por grupos que operan desde tierra.
Sin embargo, el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, planteó una interpretación diferente sobre el funcionamiento de estas redes.
El magistrado consideró que la provincia todavía no cuenta con organizaciones locales capaces de recibir y administrar de manera permanente grandes volúmenes de estupefacientes.
Como ejemplo mencionó un procedimiento realizado sobre la Ruta Provincial 33, en Chañaritos, departamento Capayán, donde fue interceptado un camión que transportaba 70 kilos de cocaína y 120 kilos de marihuana.
Según Contreras, el vehículo funcionaba como un transporte distribuidor que avanzaba desde el norte hacia Mendoza y descargaba determinadas cantidades durante el recorrido.
La fiscal federal subrogante María Correa, en cambio, sostuvo que Catamarca cumple varias funciones dentro del circuito delictivo.
“Tránsito, pero también distribución, comercialización y consumo interno”, señaló.
