Julián Gallo, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel y otros exguerrilleros enfrentan cargos por asesinato, desaparición forzada y tortura contra las comunidades Nükak, Korebajü, Siona, Hitnü y Jiw.
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha imputado este lunes a diez jefes de la extinta guerrilla de las FARC por su responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía colombiana. La investigación de la Sala de Reconocimiento de la Verdad acusa a tres miembros del último Secretariado de la guerrilla y a otros siete comandantes por asesinatos, desaparición forzada, tortura y múltiples delitos contra los indígenas Nükak, Korebajü, Siona, Hitnü y Jiw. “La decisión enfatiza que los daños trascendieron a la dimensión colectiva de estas comunidades, afectando sus formas de vida, su espiritualidad y su relación con el medio ambiente”, se lee en el comunicado de la JEP.
La imputación señala como máximos responsables de estos crímenes a Milton de Jesús Toncel Arredondo, alias Joaquín Gómez; a Jaime Alberto Parra, alias El Médico, y a Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada, quienes lideraron los estados mayores del Bloque Sur y el Bloque Oriental de las FARC, con presencia en esa amplia zona del país. La JEP también acusa a Elmer Caviedes, alias Albeiro Córdoba; a Fabián Ramírez Cabrera, alias Fabián Ramírez; a Floresmiro Burbano, alias Martín Corena; a Darío Lee Díaz, alias Robledo; a Luis Enrique Montes, alias Euclides Bermúdez; a Gustavo Cuéllar Pajoy, alias Manuel Político, y a Liberman Imbachi, alias Norbey Ramírez.
De acuerdo con la entidad de justicia transicional, los comparecientes deben ahora reconocer su responsabilidad “de manera pública” ante las víctimas, la justicia, la jurisdicción especial indígena y el país, para así tener derecho a las sanciones propias de ese sistema, que son diferentes a una pena de prisión convencional. La JEP anunció esta decisión, de forma simbólica, el lunes festivo 12 de octubre, en el marco del Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana.
El anuncio de la imputación se da en medio de un fuerte debate público con el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien propuso una reducción significativa de los recursos del presupuesto nacional asignados a la JEP para 2027. El magistrado Alejandro Ramelli, presidente del Tribunal, ha reiterado que reducir drásticamente el monto de dinero para el funcionamiento de la entidad equivale a cerrarla de forma indirecta, y afecta especialmente la posibilidad de implementar esas sanciones, que consisten en proyectos que buscan la reparación simbólica y material de las comunidades afectadas por los crímenes más graves cometidos durante décadas de conflicto armado.
En este caso en concreto, la investigación argumenta que las extintas FARC cometieron crímenes de lesa humanidad contra los pueblos indígenas como exterminio, asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso, tortura y persecución; y crímenes de guerra, como homicidios, desplazamientos forzados, empleo de minas antipersonal y daños al medio ambiente.
Uno de los hechos más graves de los crímenes de guerra fue el asesinato, el 1 de diciembre de 2012, de María Eloísa Yaiguaje Payaguaje, sabedora ancestral del pueblo indígena Zio Bain o Siona, quien falleció al caer en una mina antipersonal instalada por la entonces guerrilla. “La sala concluyó que su muerte no solo constituyó la pérdida de una integrante de la comunidad, sino también de una autoridad portadora de conocimientos ancestrales esenciales para la transmisión cultural, las prácticas espirituales y la preservación de la identidad colectiva”, se lee en el comunicado de prensa en el que la justicia transicional explica la decisión.
La JEP, además, documentó los ataques reiterados contra autoridades y líderes indígenas que se opusieran a los intereses de la guerrilla. Uno de los casos más graves, de acuerdo con la investigación, ocurrió el 25 de julio de 1997 contra el pueblo indígena Korebajü, cuando integrantes de los frentes 15 y 49 entraron al resguardo San Luis, municipio de Milán, en Caquetá, y asesinaron a siete autoridades indígenas, entre ellos al cacique Reimundo Figueroa. Meses después, el 4 de septiembre, asesinaron a cuatro hombres indígenas, entre ellos la autoridad tradicional Alejandro Piranga Pizarro, en el resguardo de San José del Cuerazo.
Otro de los crímenes documentados por la JEP fueron los atentados contra los oleoductos de petróleo en territorios ancestrales. Uno de los más graves ocurrió el 8 de junio de 2015, cuando miembros de la antigua guerrilla obligaron a derramar 3.210 barriles de petróleo transportados en 23 carrotanques en el corredor Puerto Vega-Teteyé. “Estas acciones tuvieron consecuencias directas en el medio ambiente y en las formas de vida de las comunidades”, se lee en el documento.
De acuerdo con la entidad, “si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad plena, la sala podrá convocar una audiencia pública de reconocimiento y remitir posteriormente el caso al Tribunal para la Paz para la imposición de una sanción propia”. Si no reconocen responsabilidad o controvierten las imputaciones, el caso podrá ser remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para el desarrollo del procedimiento correspondiente.
