El Gobierno boliviano imputa al fiscal Roger Mariaca y otros nueve miembros del Ministerio Público de integrar una ‘narcoestructura’ que protegía a líderes del crimen organizado.
Bolivia vivió una larga madrugada de operativos destinados a detener fiscales e intervenir oficinas del Ministerio Público. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ha sido aprehendido durante las primeras horas del jueves acusado de narcotráfico, la misma incriminación por la que tres días antes Estados Unidos le quitó la visa a él y a otros 13 funcionarios públicos.
El Gobierno identifica a Mariaca como la cabeza de una “narcoestructura” que operaría dentro del Ministerio Público para proteger y asociarse con capos del crimen organizado, como el uruguayo Sebastián Marset, líder de una red de tráfico de cocaína y extraditado a EE UU en marzo. Con Mariaca, el fiscal que lideraba las investigaciones contra el consultor de ultraderecha Fernando Cerimedo, fueron detenidos nueve miembros de la Fiscalía, cuyas distintas sedes en el país están siendo fuertemente resguardadas por la policía.
“El delito que cometieron en la Fiscalía ha sido continuo y permanente. Era una organización criminal que protegía, participaba y se enriquecía con el tráfico de sustancias controladas. Nunca pudieron detener a Marset, lo dejaban salir”, sostuvo en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
El ministro admitió que el operativo fue apoyado con información de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EE UU. Los medios locales atribuyen al país norteamericano la filtración, horas antes del arresto de Mariaca, de un video donde Marset aparece hablando del ahora exfiscal general: “Hablo con él, es mi amigo […] Me avisa lo que hay que avisar”.
Mariaca está siendo investigado por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. Por las mismas causas son procesadas otras tres autoridades “de nivel jerárquico” del Ministerio Público, entre ellos el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, otro afectado por la restricción de visas estadounidenses. La lista de detenidos se completa con seis empleados de la institución fiscal que, según el ministro Oviedo, intentaban sacar documentación de la casa de Mariaca y con más de cuatro personas que estaban en una ambulancia que transportaba ingentes cantidades de dinero, todavía sin cuantificar, desde el domicilio del antiguo fiscal general del Estado.
“Era dinero producto de las extorsiones a los ciudadanos que pasan las puertas del Ministerio Público en busca de justicia”, acusó Oviedo. Dentro de la sede de esa institución se vivieron momentos de tensión en horas de la madrugada. Mientras los fiscales brindaban una conferencia de prensa mediante una transmisión en vivo de Facebook, irrumpieron en la oficina miembros del Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP), quienes comenzaron a arrestar a los presentes.
Los funcionarios públicos denunciaron que el operativo fue un secuestro: “No presentaron ningún documento para hacer un allanamiento de manera formal. Nos amedrentaron cuando nos informaron que quedábamos inmediatamente detenidos dentro de nuestra institución”, reclamó ante las cámaras la jefa de comunicación de la Fiscalía, Claudia Pardo.
Mariaca, de una larga carrera pública a los 38 años, acusó al Gobierno de EE UU de injerencia extranjera y presión política cuando su visa fue removida. “Sabemos que el trabajo que venimos haciendo no ha sido del agrado de determinados sectores políticos tanto dentro como fuera del país. Sabemos que algunas investigaciones tienen implicaciones que trascienden las fronteras nacionales. El caso Cerimedo, por ejemplo”, dijo entonces sobre el exasesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y otros líderes de la derecha latinoamericana. Cerimedo cumple detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, acusado de tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito, violencia familiar y encubrimiento al narcotráfico.
Diferentes autoridades y organizaciones se pronunciaron a favor y en contra de la postura de Mariaca. A favor se mostraron la mayor conferencia sindical de trabajadores, la Central Obrera Boliviana (COB), y el vicepresidente, Edmand Lara, entre otros. De hecho, Lara, peleado con Paz desde diciembre pasado, emitió un comunicado pidiendo que se respete el debido proceso contra Mariaca y los otros fiscales. “Ningún agente policial, sea de la DEA o de cualquier otra institución, puede ejercer funciones de aprehensión dentro de nuestro territorio al margen de la legislación boliviana”, se lee en un comunicado.
El Gobierno comunicó que estaba siendo buscado Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno de Luis Arce y excandidato presidencial, después de que se conociera un audio filtrado donde se escucharía a Marset decir que le pagó 500.000 dólares para que lo deje vivir en Bolivia.
