Hay un doloroso sinnúmero que sigue bajo los escombros. En tanto, las necesidades más profundas de infraestructura se imponen en la reconstrucción. La contención psicosocial se considera también central para ayudar a los afectados a afrontar la crisis.
La catástrofe de Venezuela continúa cuando se cumplen dos meses del doble terremoto que sacudió al norte del país caribeño el pasado 24 de junio. La información oficial estremece: 6.509 muertos y 226.696 personas atendidas en hospitales.
La población venezolana llora a sus seres queridos e implora por la recuperación de los restos de los desaparecidos. La otra tragedia individual y colectiva es más profunda. De las 60.000 viviendas afectadas por los temblores, más de 24.000 están inhabitables, incluidos los 190 edificios desplomados.
La vida de quienes logran sobrevivir transcurre en alojamientos temporales. En muchos casos, las condiciones en estos campamentos son precarias, mientras que el clima empeora aún más la situación con lluvias torrenciales que destruyen varias de las carpas ocupadas y nuevos sismos, como el del martes pasado, de magnitud 4, que sacudió a la ya devastada localidad de La Guaira. El Sistema de Protección, activado para realizar labores de monitoreo y seguimiento, sin embargo, no reporta afectaciones.
Consultado por France 24 en Español, el equipo de la ONG Ayuda en Acción considera que trabajar con criterios de programación segura permite que la ayuda llegue de verdad a quien más la necesita y en condiciones dignas, más allá de que no sea un requisito formal.
En ese contexto, desde la emergencia, la organización de ayuda humanitaria acompaña a 782 familias, es decir, a casi 3.400 personas, con kits de alimentos, higiene y artículos de abrigo. Al mismo tiempo, sostienen abiertos espacios seguros donde más de un centenar de niñas y niños logran volver a jugar, mientras sus familias resuelven lo urgente.
Pasados dos meses de los terremotos, consideran que “la emergencia ya no se responde solo con entregas” y que “las comunidades necesitan fortalecerse para recibir la asistencia». Sobre todo, «para plantearse qué viene después: cómo se recupera la vida cotidiana, el ingreso, la vivienda”.
En el transcurso de estos dos meses, se estableció la creación de mesas de reconstrucción y estabilización, integradas por el Gobierno, las agencias de Naciones Unidas y organismos multilaterales. El primer paso ya está en marcha: un relevamiento preliminar de la evaluación de necesidades posdesastre que permita establecer un panorama completo. Una prioridad es el agua, tanto en el restablecimiento de los sistemas como en garantizar que sea segura y potable. También se perfilan como desafíos el saneamiento, la vivienda y los servicios básicos para las comunidades afectadas.
Queda claro que el agua es la prioridad: no solo restablecer los sistemas, sino garantizar que sea segura y potable. A eso se suman saneamiento, vivienda y los servicios básicos.
El Gobierno encargado tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EE. UU., en enero pasado, promete la construcción de 4.000 nuevas viviendas para los afectados. Según el informe semanal brindado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, la gestión de su hermana ya suma 335 hogares entregados.
Al mismo tiempo, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó el 21 de agosto una reforma de ley para impulsar la construcción de viviendas y proteger a los constructores y compradores. La nueva normativa incluye 40 artículos que establecen los parámetros de los contratos, ventas y responsabilidades, así como las fiscalizaciones que debe hacer el Ministerio de Vivienda y Hábitat.
