Un juez de Orán ordenó su detención en una cárcel argentina
Luego del trabajo de los grupos de Inteligencia tanto de Bolivia como Argentina, un hombre de nacionalidad argentina, identificado como Alfredo Salazar fue capturado en Tarija, luego de pesar en su contra una orden de captura internacional por favorecer al contrabando en la zona fronteriza.
El hombre no solo está vinculado a actividades de contrabando, sino que, es propietario de la finca Karina, ubicada en suelo argentino, colindante con Bolivia. Las autoridades del vecino país lo investigan por presunta asociación ilícita y delitos vinculados al contrabando, causa que se tramita en la localidad de Orán, según la Gendarmería Nacional Argentina.
El propietario de la finca Karina se escondía en Tarija, pero el pasado 12 de agosto fue capturado y tras cumplir los procedimientos, la Policía de Interpol lo expulsó y entregó a la Policía de Argentina.
El procedimiento culminó en el Paso Internacional Aguas Blancas, en Bermejo, Tarija, uno de los principales cruces fronterizos del norte de Salta. Allí participaron efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Unidad Policial de Control Migratorio de Bolivia, miembros del Grupo de Inteligencia de Tarija y autoridades migratorias de ambos países.
Las autoridades del vecino país pusieron el ojo en la propiedad ubicada en una zona estratégica entre Argentina y Bolivia, el lugar denominado Finca Karina, es por donde se registran actividades de contrabando, donde hay gran circulación de vehículos y mercadería, razón por la cual quedó bajo investigación.
El hombre capturado en Bolivia es el propietario de la finca, quien se encontraba prófugo de la justicia argentina. El investigado es acusado de ser parte de una estructura que favorece al contrabando mediante un circuito ilegal por donde los contrabandistas pasan hacia el territorio boliviano con productos no declarados.
El juez federal de de Orán, Gustavo Montoya, determinó prisión preventiva para Alfredo Salazar, luego de que éste quede en manos de las autoridades argentinas.
De acuerdo con la Fiscalía argentina, el predio tenía una ubicación estratégica: contaba con conexión hacia la Ruta Nacional 50 y permitía llegar, mediante un camino rural, hasta la margen argentina del río Bermejo.
Según la hipótesis de los investigadores, esa ubicación habría sido utilizada para montar un corredor clandestino de ingreso y salida de mercadería entre Argentina y Bolivia. La playa del río estaba acondicionada para la llegada de gomones, utilizados para cruzar mercancía desde territorio boliviano, mientras los vehículos ingresaban posteriormente al predio para retirar la carga y trasladarla hacia otros puntos de Argentina, según Ahora Digital.
La Fiscalía sostuvo que las pesquisas permitieron establecer una intensa actividad comercial ilegal en el lugar. Según los cálculos expuestos durante el proceso, por día podían ingresar alrededor de 300 vehículos a la finca y cada uno transportaba, en promedio, diez bultos de mercadería.
El fiscal estimó que solo por los diferentes cobros realizados dentro de este circuito se podía recaudar alrededor de 3,72 millones de pesos argentinos por día (más de Bs 28 mil), mientras que una estimación oficial sobre el movimiento económico anual de la mercadería que pasaba por el lugar alcanzaba cerca de 2.975 millones de pesos argentinos. Estas cifras forman parte de la acusación presentada por la Fiscalía en el marco de la investigación.
Uno de los elementos centrales que vinculan a Alfredo Salazar con la causa es su relación con la propiedad investigada. Según la información oficial del Ministerio Público Fiscal de Argentina, señala que, entre los principales responsables identificados durante la investigación se encontraba Alfredo Salazar. Además, que, su hermana, Gladis Salazar, fue registrada como adquirente de uno de los predios que conformaban Finca Karina, luego de comprarlo a Alfredo por 20 millones de pesos argentinos.
Los investigadores cuestionaron si el perfil financiero y patrimonial de Gladis Salazar permitía justificar una operación de esa magnitud, por lo que esta transacción también fue incorporada dentro de los elementos analizados en la causa.
La Fiscalía argentina también había señalado, cuando se realizaron las primeras detenciones y allanamientos en agosto de 2025, que Alfredo Salazar tenía residencia en Bolivia y que estaba imputado por presuntamente operar en el envío de mercadería ilegal. En ese momento no había podido ser detenido; sin embargo, su situación legal cambió en agosto de este año (2026). Fue localizado y capturado en Tarija, Bolivia.
Su captura representó un nuevo avance en una investigación que mantenía a varios acusados prófugos. De acuerdo con la información difundida el 15 de agosto, Salazar era uno de los cuatro investigados que aún faltaban capturar inicialmente. Además de él, otros acusados fueron detenidos posteriormente, mientras que Rubén René Rosales continuaba prófugo, según el reporte de medios argentinos.
