El desafío para la región será aprovechar esta oportunidad económica sin quedar limitada al papel de proveedora de materias primas.
La transición energética y la competencia geopolítica por los llamados minerales críticos están modificando el escenario económico internacional. Estos recursos son considerados estratégicos para el desarrollo de tecnologías vinculadas con las energías renovables, pero también para sectores como la inteligencia artificial y la industria militar.
Un análisis publicado este martes por América Futura, de EL PAÍS, plantea que esta nueva carrera por los minerales abre una discusión central para América Latina: cómo participar de este proceso sin repetir el modelo histórico basado en la exportación de recursos naturales y la importación de productos de mayor valor agregado.
La discusión también llegó a Naciones Unidas. En 2024, el secretario general de la organización creó un Panel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética, integrado por representantes de distintos Estados, organismos regionales y miembros de la sociedad civil.
El panel estableció siete principios destinados a promover una transición considerada justa y equitativa. Entre ellos se encuentran el respeto de los derechos humanos a lo largo de las cadenas de suministro y la protección del ambiente y la biodiversidad.
El debate adquiere especial importancia debido a que una parte significativa de estos recursos se encuentra en países del Sur Global y, según el análisis, cerca de la mitad de los minerales necesarios para la transición energética están ubicados en territorios indígenas o en sus proximidades. Son precisamente esas regiones las que también concentran numerosos conflictos territoriales y ambientales asociados con las actividades extractivas.
Durante décadas, buena parte de las economías latinoamericanas se caracterizó por la exportación de materias primas y la importación de bienes industrializados. Este esquema dejó a numerosos países expuestos a las variaciones de los precios internacionales y dificultó una mayor diversificación productiva.
La nueva demanda mundial de minerales estratégicos puede reproducir esa dinámica si los países de la región se limitan nuevamente a extraer y exportar recursos mientras el desarrollo tecnológico y las etapas de mayor valor agregado permanecen concentrados en otras economías.
La situación se vuelve más compleja debido a que varios países latinoamericanos dependen fuertemente de las exportaciones de recursos naturales y enfrentan restricciones fiscales y altos niveles de endeudamiento. En ese contexto, la necesidad de obtener divisas puede generar mayores incentivos para acelerar proyectos extractivos.
Chile, Bolivia y Argentina aparecen entre los casos mencionados en el análisis. En Chile se señala el impulso a proyectos vinculados con cobre, litio y otros minerales estratégicos; en Bolivia se mencionan reformas orientadas a facilitar determinadas actividades extractivas; mientras que en Argentina se destaca el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), implementado en 2024 para atraer grandes inversiones mediante beneficios fiscales, regulatorios y aduaneros.
En el caso argentino, el análisis cuestiona el rumbo que podría tomar la política de incentivos a las grandes inversiones mineras y extractivas. La discusión se concentra en encontrar un equilibrio entre la necesidad de atraer capitales y la definición de condiciones que permitan que esos proyectos generen beneficios económicos más amplios.
El desafío no se limita a incrementar las exportaciones. También involucra determinar cuánto valor agregado puede quedar en el país, qué capacidades tecnológicas pueden desarrollarse y qué impacto tendrán los proyectos sobre las comunidades y los ecosistemas donde se encuentran los recursos.
La disputa por los minerales críticos también está atravesada por la competencia entre grandes potencias por asegurarse el acceso a cadenas de suministro estratégicas. En ese escenario, América Latina posee recursos que pueden convertirse en una fuente importante de inversiones y crecimiento, pero también enfrenta el riesgo de quedar nuevamente relegada al papel de proveedor de materias primas.
Una oportunidad para cambiar el modelo
Frente a este escenario, el planteo central es que la transición energética podría convertirse para América Latina en una oportunidad para diversificar sus economías y fortalecer su autonomía, en lugar de reproducir los patrones históricos de dependencia.
Esto implicaría desarrollar políticas de largo plazo que combinen inversión, industrialización, innovación tecnológica y protección ambiental, además de mecanismos que garanticen la participación de las comunidades donde se desarrollan los proyectos.
El debate también plantea una cuestión más amplia: quién asume los costos ambientales y sociales de la transición energética y quién captura los mayores beneficios económicos.
Para América Latina, la creciente demanda mundial de minerales críticos representa así una oportunidad y, al mismo tiempo, un desafío. El futuro de la región dependerá en buena medida de su capacidad para transformar sus recursos naturales en desarrollo económico, empleo, tecnología y mayor autonomía, en lugar de limitarse a aumentar el volumen de materias primas que exporta.
