La Administración de Donald Trump amenaza con embargar sus ingresos y sus bienes para obligarlos a salir del país por su propia voluntad.
Vivi Vásquez esperaba recibir noticias sobre su solicitud de visa humanitaria. En cambio, esta mexicana que lleva 17 años viviendo en Estados Unidos descubrió, en su buzón, que debía más de 1,8 millones de dólares en multas acumuladas. En el sobre con el logotipo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), había una casilla marcada: se le acusaba de haberse negado “voluntariamente” a salir del país.
La suma que se le exige a esta madre de tres hijos nacidos en Estados Unidos asciende precisamente a 1.820.352 dólares, según un documento al que tuvo acceso ‘The New York Times’. Según la Administración estadounidense, debería haber abandonado el territorio desde 2013, tras una orden de expulsión. Por cada día que pasó en Estados Unidos, el Gobierno le exige varios cientos de dólares.
“No podía dormir y me ponía nerviosa cada mañana al salir para el trabajo”, cuenta Vivi Vásquez, quien, sin embargo, contaba con un permiso de trabajo y estaba empleada en una tienda de conveniencia, al tiempo que cuidaba a personas mayores.
Su caso ilustra la nueva estrategia implementada por el Gobierno de Donald Trump como parte de su política de represión migratoria: utilizar la deuda para presionar a las personas en situación irregular a que abandonen Estados Unidos por su propia voluntad. Aproximadamente 1,4 millones de personas podrían verse afectadas. Una estrategia que no se limita al envío de cartas de multa, sino que puede llegar hasta acciones judiciales, embargos de salarios y retenciones sobre los reembolsos de impuestos.
Este mecanismo se basa en una disposición de la ley de inmigración estadounidense aprobada en 1996, que ningún otro presidente había utilizado hasta ahora. Durante el primer mandato de Donald Trump, entre 2017 y 2021, su Administración ya había intentado aplicarla, pero nunca había alcanzado tal magnitud: antes de que el gobierno de Joe Biden la abandonara en 2021, solo había 26 casos de multas en curso.
Su segundo mandato cambió el panorama. Desde su regreso a la Casa Blanca, la Administración de Trump reactivó el mecanismo, con sanciones que podían alcanzar los 998 dólares por día. Dado que el monto tiene un límite máximo de cinco años de multas, muchas personas, como Vivi Vásquez, recibieron una factura idéntica de 1.820.352 dólares.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, citado por ‘The New York Times’, se enviaron más de 103.000 multas entre el 20 de enero de 2025 y mediados de julio de 2026, por un monto total que supera los 84.000 millones de dólares. Al 16 de julio, el Gobierno solo habría recaudado 1,2 millones de dólares.
«More than 100,000 people have received letters from the Homeland Security Department informing them that they owe $998 for each day that they have stayed in the U.S. after an immigration judge has ruled they have no legal right to remain in the country.» https://t.co/VhM1zOI6Zu
“La Administración de Trump tiene la intención de utilizar todas las facultades que le confiere la ley, incluso en casos en los que estas nunca se han utilizado en el pasado”, destaca Gabriel J. Chin, profesor y especialista en derecho migratorio de la Universidad de California en Davis, a Bloomberg Law.
El Gobierno asume esta estrategia. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que las sanciones permiten combatir las violaciones de la ley de inmigración. El mecanismo también sería menos costoso que los procedimientos tradicionales de expulsión.
