Las zonas francas de Centroamérica concentran 633 de las más de 800 operativas en América Latina, lo que equivale al 77% del total regional, según el informe Zonas Francas, el ecosistema que define la inversión en la región, elaborado por EY.
Esa densidad convierte a la subregión —que incluye a Panamá y República Dominicana por su integración económica— en el núcleo más activo del modelo en todo el hemisferio.
El peso de estos regímenes en las economías nacionales no es marginal. En países como Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y El Salvador, las zonas francas generan entre el 40% y el 80% de las exportaciones totales. Costa Rica encabeza ese indicador: el 60% de sus ventas al exterior proviene de estos regímenes, y una proporción equivalente de la inversión extranjera directa se canaliza hacia ellos.
La subregión alberga más de 10,000 empresas instaladas, conectadas principalmente a cadenas de valor norteamericanas y europeas. Ese volumen ha convertido a Centroamérica en un destino natural para el nearshoring, la estrategia de relocalización productiva que busca acercar la manufactura a los mercados de consumo final.
El empleo directo generado alcanza cifras que definen mercados laborales enteros. Costa Rica supera los 184,000 puestos de trabajo formales en zonas francas; Honduras, los 162,000; y Nicaragua, más de 133,000. Cada uno de esos empleos arrastra encadenamientos indirectos que multiplican el efecto en las economías locales.
Un rasgo que el informe de EY subraya con énfasis es la composición de esa fuerza laboral. En Nicaragua y El Salvador, las mujeres representan más del 50% del empleo en zonas francas, lo que convierte a estos regímenes en instrumentos activos de reducción de brechas de género.
Uno de los argumentos más frecuentes contra las zonas francas es el costo tributario que implican para los Estados. Los datos del informe de EY cuestionan esa lectura.
En varios países centroamericanos, el retorno económico generado por estos regímenes supera entre 6 y 7 veces el monto exonerado en incentivos fiscales. República Dominicana ofrece el ejemplo más contundente: por cada peso dominicano que el Estado deja de recaudar en gasto tributario, el régimen devuelve RD$7 en actividad económica directa. Si se incorpora el impacto total de la cadena productiva, esa relación escala hasta 14 veces.
El informe concluye que el modelo no representa una carga para las haciendas públicas, sino una herramienta de desarrollo con rentabilidad documentada.
La imagen de las zonas francas como enclaves de manufactura de bajo costo y ensamble simple quedó atrás. En la última década, la composición sectorial se transformó hacia actividades de mayor complejidad.
Costa Rica lidera en Centroamérica la producción de dispositivos médicos, un sector que exige estándares regulatorios estrictos y mano de obra calificada. A ese segmento se suman servicios de procesos de negocio (BPO) y de conocimiento (KPO), logística especializada, electrónica y componentes automotrices. La sostenibilidad ambiental y la digitalización de procesos se incorporaron como requisitos operativos, no como opciones.
Ese giro responde a dos presiones simultáneas: las exigencias crecientes de los mercados internacionales y la necesidad de diferenciarse en un entorno global más competitivo.
