La fiscalía imputó y logró que se encarcele a dos dirigentes, sin embargo, la defensa del cocalero aseguró que no fueron notificados con ningún proceso sobre el tema de los bloqueos.
La Fiscalía de La Paz informó que, en el proceso por los 53 días de bloqueo de caminos, por el cual ya se envió a la cárcel a dos dirigentes locales, la denuncia del Ministerio de Gobierno no incluye al expresidente Evo Morales, por lo cual, en la sede de Gobierno, no es investigado por estos hechos.
Por su parte, en conferencia de prensa, el abogado de Morales, Wilfredo Chávez, informó que su cliente no fue notificado con ninguna denuncia sobre los bloqueos. “No se conoce que haya habido una comunicación procesal hacia su persona, aclaro eso”, refirió el jurista, ayer.
La confirmación se da en un contexto en el que tanto autoridades de Gobierno, cívicos de Santa Cruz y legisladores presentaron denuncias ante diferentes fiscalías departamentales (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) acusando a Morales como promotor y financiador de los bloqueos, pero hasta la fecha no se conoce de una investigación oficial en su contra.
En mayo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que Morales promovía las marchas y bloqueos de carreteras por intereses políticos. Aseguró que estaba “en marcha un plan macabro (…) El financiamiento del narcotráfico está detrás de estos dirigentes”.
Durante el tiempo de los bloqueos, en varios sectores del altiplano se identificó, por medio de videos, el asedio a unidades militares, la presencia de grupos armados, que en algunos casos realizaban entrenamientos y lanzaban amenazas contra los miembros de la Policía Boliviana, en caso de intervenir los puntos de bloqueo. Asimismo, se identificó a varios dirigentes cocaleros afines a Morales, quienes promovían bloqueos en El Alto.
Pese a la información de la Fiscalía, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, volvió a declarar que el Ejecutivo cumplía con llevar ante la Justicia a los responsables de los bloqueos que provocaron muertes. “Aquí hubo lo que se denomina el narcoterrorismo, dirigido desde el Trópico de Cochabamba, por Evo Morales. Esta gente tiene que ir ante la Justicia, quiero decir una cosa con absoluta claridad, nosotros vamos hacer justicia, no que haya venganza”, declaró la autoridad en Radio Panamericana.
El fiscal Wálter Lora informó ayer que, en el caso con registro CUD: 201102012603341, abierto en mayo a denuncia del Ministerio de Gobierno, no figura como persona sindicada Morales, por lo cual también se descarta que exista una orden de aprehensión.
De acuerdo a la explicación del fiscal Lora, en el proceso a su cargo no se investiga los perjuicios provocados por bloqueos a nivel nacional, sino que está enfocado en esclarecer los hechos suscitados en el departamento de La Paz, el más afectado por las medidas radicales asumidas, principalmente, por los miembros de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari.
En respuesta a las consultas de EL DEBER, el fiscal precisó que se investiga a seis personas por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra bienes públicos.
Entre los sindicados está el líder de la Túpac Katari, Vicente Salazar, quien fue remitido a la cárcel de Chonchocoro, anoche, donde cumplirá seis meses de detención preventiva. Entre los indicios presentados ante el juez, la Fiscalía adjuntó una lista de 14 personas fallecidas en La Paz a raíz de las movilizaciones.
Lora también aclaró que, aunque uno de los delitos imputados es terrorismo, “todavía no se investiga el financiamiento, se está colectando los elementos para tal vez ampliar esta investigación”, sostuvo el fiscal, a tiempo de señalar que los procesos penales son “dinámicos” y en el avance puede cambiar la hipótesis y los protagonistas.
Otra de las personas que también fue enviada a la cárcel en días pasados, fue el dirigente de la Federación de Juntas de Vecinos de El Alto, Justino Apaza. Asimismo, Lora confirmó que en este caso figuran como investigados el senador suplente de Unidad, Nilton Condori y el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, además de otros dos dirigentes cuyas identidades se guardan en reserva, a fin de no entorpecer su captura, explicó el fiscal.
