La discusión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto 759/2025 continúa en trámite.
La Corte Suprema dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir parcialmente con la Ley de Financiamiento Universitario. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal rechazó la apelación presentada por el Gobierno de Javier Milei al considerar que no existía una sentencia definitiva que habilitara su intervención en esta instancia.
La resolución mantiene vigente la orden judicial que exige la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esos puntos contemplan la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de los programas destinados al estudiantado.
La causa se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales, que cuestionaron el decreto 759/2025. Mediante esa norma, el Poder Ejecutivo había condicionado la ejecución de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento, pese a que el Congreso había insistido en su sanción tras el veto presidencial.
En instancias previas, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal consideró que el Estado no logró desvirtuar la legitimidad del reclamo universitario y advirtió que el incumplimiento de la ley podía generar un deterioro salarial con impacto directo sobre el derecho a enseñar y aprender. También sostuvo que el ahorro fiscal derivado de no aplicar la norma no representaba una incidencia significativa dentro del presupuesto nacional.
Si bien el fallo de la Corte no implica efectos económicos inmediatos debido al acuerdo firmado el pasado 10 de junio entre el Gobierno, las universidades y los gremios para recomponer salarios y partidas presupuestarias, la decisión fue interpretada como un respaldo a la vigencia de la ley. Mientras tanto, el expediente principal, que busca definir la constitucionalidad del decreto cuestionado, continuará su recorrido judicial.
La decisión de la Corte también refuerza el criterio de que las medidas cautelares pueden mantenerse vigentes cuando existe riesgo de un perjuicio de difícil reparación, especialmente en áreas vinculadas con derechos fundamentales como la educación pública. En ese sentido, el máximo tribunal evitó pronunciarse sobre el fondo del conflicto, pero dejó en claro que el proceso judicial deberá continuar hasta definir la validez del decreto cuestionado.
Desde el ámbito universitario, la resolución fue recibida como una señal favorable para la defensa del sistema público de educación superior. Rectores, docentes y organizaciones gremiales sostuvieron que el financiamiento adecuado resulta indispensable para garantizar el normal funcionamiento de las universidades nacionales, preservar la calidad académica y asegurar la continuidad de las actividades de investigación, extensión y formación profesional.
Por su parte, el Gobierno nacional mantiene la postura de que cualquier incremento permanente del gasto público debe contar con fuentes de financiamiento claramente establecidas para resguardar el equilibrio de las cuentas fiscales. Ese será uno de los principales ejes del debate cuando la Justicia avance sobre la cuestión de fondo y determine si el decreto 759/2025 se ajusta o no al marco constitucional vigente.
