El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó una ley que amplía las facultades del Kremlin para utilizar a las fuerzas armadas fuera del territorio ruso bajo el argumento de defender a los nacionales procesados o detenidos en otros países.
La medida, aprobada previamente por ambas cámaras del Parlamento, habilita al mandatario a ordenar operaciones militares extraterritoriales sin necesidad de autorización internacional.
El texto legal fue publicado este lunes en el portal oficial de información jurídica de Rusia y establece que el presidente podrá autorizar el despliegue de unidades militares “para la defensa de ciudadanos rusos” frente a arrestos, juicios o medidas judiciales impulsadas por gobiernos extranjeros u organismos internacionales.
La legislación contempla escenarios en los que ciudadanos rusos enfrenten investigaciones o detenciones sin participación de Moscú y fuera de mecanismos respaldados por tratados internacionales o resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En la práctica, la norma crea una base legal interna para justificar futuras intervenciones militares bajo el pretexto de proteger nacionales rusos en el exterior.
El cambio refuerza una doctrina que el Kremlin ha utilizado durante años para justificar acciones militares fuera de sus fronteras. Moscú argumentó en reiteradas ocasiones la necesidad de defender a ciudadanos rusos y rusoparlantes en territorios vecinos antes de la anexión de Crimea en 2014 y posteriormente durante la invasión a gran escala de Ucrania iniciada en 2022.
La nueva ley también amplía una modificación introducida en 2023 a la legislación sobre seguridad nacional rusa. Esa enmienda permitía al jefe de Estado “tomar medidas para la defensa de Rusia y sus ciudadanos” frente a acciones consideradas contrarias a los intereses de la Federación Rusa, aunque no especificaba cuáles podían ser esos mecanismos. Con la norma promulgada ahora, el uso directo de las Fuerzas Armadas queda explícitamente habilitado.
Desde el oficialismo ruso defendieron la iniciativa como una herramienta “preventiva”. El senador Andréi Klishás, presidente del Comité de Legislación Constitucional, sostuvo que la medida fortalecerá “el prestigio internacional” del país y protegerá a los ciudadanos rusos frente a lo que definió como actos hostiles en el extranjero.
Por su parte, el diputado Andréi Kartapólov, jefe del comité de defensa de la Duma, vinculó el proyecto con el caso del arqueólogo ruso Alexandr Butiaguin, detenido en Polonia a pedido de Ucrania por excavaciones realizadas en Crimea, territorio ocupado y anexado por Moscú pero reconocido internacionalmente como parte de Ucrania.
Analistas y gobiernos occidentales observan con preocupación el alcance de la legislación. La norma llega en medio de crecientes advertencias de servicios de inteligencia europeos y de la OTAN sobre la posibilidad de nuevas acciones agresivas rusas fuera de Ucrania en los próximos años.
