El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó que el Gobierno mantiene negociaciones avanzadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto de crisis económica, escasez de combustibles y necesidad urgente de financiamiento externo.
Durante un pronunciamiento público, el mandatario aseguró que el acercamiento con el organismo internacional se desarrolla bajo términos definidos por el propio Estado boliviano y descartó que el FMI imponga un programa económico al país.
“Pronto tendremos el apoyo del Fondo Monetario, con el cual hemos avanzado, no bajo la lógica de que nos van a imponer un plan porque nosotros ya iniciamos nuestro plan”, afirmó Paz.
El jefe de Estado sostuvo que su administración ya estabilizó el dólar, reorganizó las finanzas públicas y recuperó la confianza internacional. También defendió la apertura económica impulsada por su gobierno y señaló que Bolivia mantiene relaciones pragmáticas con distintos actores internacionales.
“Nos reunimos con el presidente (Donald) Trump, pero a los cinco o seis días nos reunimos con Lula (da Silva), porque para nosotros no es un problema de izquierda o derecha, es un problema de darle salidas a Bolivia”, manifestó.
Las declaraciones del mandatario se producen después de varios reportes internacionales sobre un posible acuerdo financiero entre Bolivia y el FMI. Recientemente, Bloomberg reveló que el Gobierno negociaba un programa de financiamiento de entre 2.600 millones y 3.300 millones de dólares bajo la modalidad conocida como Facilidad Ampliada del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés).
Según Bloomberg, el programa permitiría a Bolivia acceder a recursos equivalentes hasta diez veces su cuota en el FMI, con el objetivo de enfrentar la crisis económica más profunda del país en cuatro décadas.
El medio especializado también reportó que el eventual acuerdo estaría ligado a reformas estructurales para mejorar la sostenibilidad fiscal y recuperar el crecimiento económico. Entre las medidas mencionadas figuraban ajustes al régimen cambiario y reformas económicas orientadas al mercado.
En abril, Bloomberg volvió a advertir sobre la presión financiera que enfrenta Bolivia debido a la caída de las exportaciones de gas natural y al peso de la deuda externa. El reporte señaló que el país debía afrontar alrededor de 2.300 millones de dólares en obligaciones durante esta gestión, mientras las reservas en dólares continuaban bajo presión.
Además, en mayo, la misma agencia informó que Bolivia evaluaba retornar a los mercados internacionales de deuda después de cuatro años, impulsada por las reformas económicas y las conversaciones con el FMI, lo que habría mejorado la percepción de los inversionistas sobre el país.
Pese a esos reportes, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, negó en febrero que existiera una negociación formal para un crédito con el FMI y rechazó que el Gobierno estuviera aceptando condicionamientos como una devaluación.
En medio de ese escenario, Paz anunció la puesta en marcha del Consejo de Economía Social de la Patria, un espacio de coordinación con organizaciones productivas y sectores representativos para priorizar más de 2.000 proyectos nacionales financiados por organismos multilaterales como el BID, CAF y Banco Mundial.
El primer encuentro de este consejo fue convocado para el miércoles 27 de mayo en la ciudad de La Paz.
El acercamiento al FMI representa uno de los giros más importantes en la política económica boliviana de los últimos años, tomando en cuenta la histórica distancia que mantuvieron anteriores gobiernos con el organismo internacional. Al mismo tiempo, abre un debate sobre las condiciones, reformas y costos políticos que podría implicar un eventual acuerdo financiero para enfrentar la crisis económica y de divisas que atraviesa el país.
