En el seminario “Nuevas tendencias del tráfico de drogas en la cadena logística marítimo-portuaria”, realizado en Viña del Mar, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, presentó un diagnóstico sobre el escenario delictual en el norte del país y los eventuales efectos que podría generar la implementación del Corredor Bioceánico Capricornio.
La actividad, organizada por Directemar, reunió a representantes de la Armada, el Ministerio Público y otras instituciones vinculadas a la seguridad y el comercio exterior, con el objetivo de analizar el avance del crimen organizado en los sistemas logísticos.
Durante su exposición, el persecutor advirtió que la Región de Antofagasta ya enfrenta una alta carga criminal, reflejada en incautaciones históricas de droga y un aumento sostenido del contrabando de cigarrillos durante 2025.
“El caso de Antofagasta es para tener en cuenta, debido a que comparte frontera con Bolivia, uno de los productores de cocaína más grandes del mundo”, señaló, destacando además el peso que ha tenido la región en las estadísticas nacionales de incautación.
En ese contexto, Castro Bekios sostuvo que la puesta en marcha del Corredor Bioceánico podría facilitar la expansión de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, minería ilegal, robo de cobre y otros delitos asociados a redes transnacionales.
También advirtió sobre la conexión con la zona de la Triple Frontera, donde operan organizaciones de alta peligrosidad como el Primer Comando Capital, además de posibles vínculos con redes de financiamiento internacional.
Asimismo, planteó la eventual proyección de estructuras criminales hacia rutas logísticas marítimas globales, incluyendo intentos de operación del Cartel Jalisco Nueva Generación en el país.
El fiscal identificó cuatro puntos críticos en la Región de Antofagasta: brechas en el control fronterizo, deficiencias en inteligencia, falta de infraestructura operativa y baja capacidad de inspección de contenedores en puertos.
Frente a este escenario, enfatizó que el problema no se resuelve solo con más controles, sino con una transformación del sistema de seguridad, inteligencia y persecución penal.
Entre las medidas propuestas mencionó la creación de un centro de inteligencia portuaria, equipos interagenciales permanentes, registro de exportadoras con cruce internacional de información, sellado electrónico de contenedores y mayor inspección de carga en origen.
Finalmente, Castro Bekios advirtió que Chile cuenta con una “ventana crítica” de entre 2026 y 2028 para fortalecer sus capacidades preventivas antes de que el fenómeno criminal se consolide. “El Estado de Derecho en el norte de Chile se juega en el corredor”, cerró el persecutor.
