La imputación anunciada este miércoles por el gobierno de Estados Unidos contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, marca una fase crítica en la larga historia de tensiones entre ambos países.
El departamento de Justicia de EE.UU. indicó que Castro y otras cinco personas más enfrentan cargos penales que incluyen conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y asesinato, vinculados al derribo por parte de la fuerza aérea de Cuba de dos avionetas civiles hace 30 años.
El ataque contra las aeronaves operadas por Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados cubanos en Miami, causó la muerte de cuatro personas, tres de ellas estadounidenses, y agudizó el enfrentamiento que Washington y La Habana mantenían desde la Guerra Fría.
Castro era en aquel momento ministro de Defensa del gobierno comunista cubano que presidía su hermano Fidel, ya fallecido. Hoy tiene 94 años y está retirado de cargos públicos, aunque aún se lo considera influyente en la isla.
La imputación en su contra fue presentada en Miami, cuna del anticastrismo en EE.UU., el mismo día en que se conmemora la independencia cubana, y tiene claras implicancias políticas.
Acusar formalmente ante la justicia estadounidense de asesinato a un alto funcionario cubano en funciones o retirado es un paso que Washington nunca había dado hasta ahora durante las siete décadas de enemistad con la isla.
La movida abre una serie de interrogantes sobre sus consecuencias formales y prácticas.
Cuba padece una severa crisis económica agravada en los últimos meses por el bloqueo petrolero que le impuso el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien este mes sostuvo que podría tomar control de la isla «casi de inmediato».
Esos comentarios de Trump y la imputación de Castro evocan lo que ocurrió en Venezuela en enero, cuando EE.UU. detuvo al presidente socialista Nicolás Maduro en una operación militar tras acusarlo de narcotráfico y a partir de ahí asumió mayor influencia sobre el gobierno de Caracas.
Cynthia Arnson, una experta sobre las relaciones de EE.UU. con América Latina en la Universidad Johns Hopkins de Washington, señala «dos interpretaciones básicas» para la decisión de presentar ahora cargos contra Castro.
«Una es que forma parte de una campaña de ‘máxima presión’ (sobre Cuba), que tiene como componente importante la guerra psicológica. La segunda interpretación se acerca más al precedente de Venezuela», dice Arnson a BBC Mundo.
Sin embargo, al igual que otros analistas, advierte que «los paralelismos entre Cuba y Venezuela no se sostienen en muchos aspectos en cuanto a la facilidad de una operación militar».
Además del embargo que profundizó la crisis energética en la isla, que sufre largos apagones desde hace años, EE.UU. ha anunciado sanciones a altos funcionarios, oficinas del gobierno cubano y empresas extranjeras con negocios en el país.
John Ratcliffe, el director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA por sus siglas en inglés), visitó Cuba la semana pasada y, según ha trascendido, reclamó a funcionarios locales reformas políticas y económicas, así como el fin de lo que Washington ve como actividades de espionaje de China y Rusia desde la isla.
Entre los interlocutores cubanos de Ratcliffe estuvo Raúl Rodríguez Castro, apodado «El Cangrejo», el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro.
También se ha reportado un reciente aumento de vuelos de vigilancia de EE.UU. sobre Cuba y discrepancias sobre las condiciones de una ayuda humanitaria por US$100 millones que Washington ofreció a La Habana.
Marco Rubio, un hijo de inmigrantes cubanos en EE.UU. que es a la vez secretario de Estado y consejero de seguridad nacional de Trump, sostuvo este miércoles que Washington está listo para «abrir un nuevo capítulo en la relación» con Cuba.
«Lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país», dijo Rubio en un mensaje de vídeo en español a los cubanos sugiriendo un cambio de régimen en la isla con elecciones de autoridades y espacio para la protesta y la iniciativa privada.
