Finalmente, tras la denuncia del Ministerio Público Fiscal de Salta sobre un supuesto boicot y una escena que incluyó gritos y forcejeos en una sede fiscal, se realizó una pericia clave en el marco de la investigación por el doble femicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumi, las turistas francesas que fueron asesinadas en esa provincia en 2011.
Ocurrió esta mañana, cuando Beatriz Yapura -la esposa de Santos Clemente Vera, que estuvo 11 años detenido antes de ser absuelto por el doble crimen— se presentó voluntariamente junto a su perito de parte al Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), para realizar el hisopado bucal de ADN dispuesto por el juez de Garantías Ignacio Colombo.
La acompañó su abogado Carlos Manuel Garrido, titular de Innocence Project Argentina, quien había repudiado “el brutal traslado por la fuerza pública” de Yapura, el viernes pasado, cuando se negó a la pericia.
“Están ocurriendo cosas vergonzosas en los tribunales de Salta, donde están denunciando a periodistas y a abogados”, expresó Garrido tras la extracción.
“Yo vengo diez veces si es necesario, pero que cumplan con la ley”, remarcó la mujer al salir del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta.
El viernes pasado, Yapura, requerida por la Fiscalía, se negó a aportar una muestra genética en el marco de la nueva investigación, a fin de cotejarla con rastros biológicos femeninos detectados por el laboratorio IFEG de Francia.
En un comunicado, Innocence Project Argentina aseguró: «Nada vincula a Beatriz con el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. No está imputada. No existe una sospecha concreta en su contra. Lo único que la une a esta causa es ser la esposa de un hombre condenado erróneamente».
“Pese a ello, oficiales la arrastraron por la fuerza para extraerle una muestra de ADN. Lo hicieron contra una mujer que atraviesa un delicado estado de salud y pese a que su defensa había apelado la orden que autorizaba esa extracción”, agregaron sobre el episodio.
“Este proceder carece de racionalidad y viola garantías básicas reconocidas por la Constitución Nacional. Afecta su libertad, su integridad física y psíquica, su intimidad genética, su dignidad, su derecho de defensa y el debido proceso”, remarcaron.
“La extracción compulsiva de ADN no es una diligencia menor ni puede ejecutarse como si fuera un trámite común. Es una prueba corporal invasiva, que exige control judicial estricto, fundamentación reforzada, necesidad concreta y proporcionalidad”, manifestaron.
Por último, denunciaron: “Al dolor infligido por la persecución injusta y la detención de Santos Clemente Vera durante más de diez años, se suma ahora el hostigamiento estatal contra Beatriz. Lo ocurrido duele e indigna. No es justicia. Es violencia institucional contra la familia de una persona condenada por error”.
La denuncia de boicot
Según el comunicado oficial del MPF, la presunta obstrucción se produjo durante el traslado de Beatriz Elizabeth Yapura, para realizarse el hisopado.
“La resolución judicial dictada a requerimiento de la Unidad Fiscal, autorizaba la conducción por la fuerza pública de la persona mencionada y la extracción de manera compulsiva de la muestra requerida, ya que la señora Yapura no había concurrido a las citaciones previamente cursadas”, indicó el Ministerio Público salteño.
De acuerdo con el texto oficial, durante el peritaje se vivió una situación insólita: Yapura se arrojó al suelo, se negó a colaborar e intentó morder al personal médico, situación que obligó a suspender el procedimiento por motivos de seguridad. Al ingresar a la sala, las autoridades encontraron un micrófono inalámbrico oculto entre sus prendas, además de la presencia de corresponsales franceses y periodistas locales.
El comunicado oficial dio detalles increíbles de la situación. “Se negó a ingresar a la sala de extracción, arrojándose al suelo y debiendo personal policial femenino utilizar la fuerza en la medida de lo necesario, para cumplir la manda judicial”, señalaron.
“Sin embargo, una vez en el interior de la sala y pese a que el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales le explicó, en presencia de sus abogados, que la medida no era invasiva, no prestó colaboración para la realización del hisopado bucal, intentando incluso morder al personal a cargo. Por este motivo, el personal interviniente suspendió la medida toda vez que vio amenazada su integridad física y remitió las constancias a la dirección del CIF», agregaron.
La Unidad Fiscal calificó de “llamativa” la logística desplegada alrededor del procedimiento frustrado. De acuerdo con la información, la Fiscalía iniciará investigaciones penales contra los abogados defensores Roberto Adrián Reyes y Humberto Vargas, quienes grabaron el episodio con sus teléfonos e incitaron a Yapura a exigir la presencia del Procurador y del gobernador de la provincia. Esto pese a que los peritos de parte propuestos por ellos habían sido aceptados por la Justicia desde el 10 de abril, sin que se presentaran en el marco del expediente.
“También se encontraba presente una persona que, sin ser parte del proceso, se identificó como Roberto Ezequiel Reyes, el que también se encontraba filmando con su celular pese a las advertencias de los funcionarios policiales y del personal del Servicio de Biología Molecular para que desista, toda vez que éstos últimos no autorizaron la difusión de sus imágenes, motivo por el cual se secuestró el celular de éste último», precisaron.
