El Gobierno nacional denunció este lunes que el dirigente de los Ponchos Rojos, Bernabé Gutiérrez Paucara, estaría detrás de la escalada de violencia registrada en la ciudad de La Paz y lo acusó de promover la llegada de manifestantes armados para intentar sitiar la plaza Murillo en medio de las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La denuncia fue realizada por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien aseguró en conferencia de prensa que existen indicios de una presunta organización para generar enfrentamientos y alterar el orden constitucional desde sectores movilizados afines al evismo y organizaciones campesinas.
“Quiero denunciar al señor Bernabé Gutiérrez Paucara, actual presidente del Comité de Conflicto de los Ponchos Rojos, como uno de los principales instigadores de los hechos de violencia que se están generando en la ciudad de La Paz”, afirmó Gálvez.
Según la autoridad, Gutiérrez habría sostenido una reunión en Achacachi con dirigentes y representantes de comunidades de la provincia Omasuyos, donde supuestamente instruyó a los movilizados trasladarse a La Paz “con todas las armas posibles”, incluyendo fusiles Mauser, además de palos y herramientas para reforzar las protestas.
El vocero denunció también que se habría presionado a comerciantes y pobladores para aportar víveres, coca y cigarrillos bajo amenazas de saqueos si no colaboraban con la movilización.
Las declaraciones surgen luego de una jornada de alta tensión en el centro paceño, donde distintas marchas confluyeron en inmediaciones de la plaza Murillo. Durante las movilizaciones se reportaron ataques con piedras y dinamita, daños a minibuses, saqueos a comercios y enfrentamientos con efectivos policiales.
Además, periodistas que realizaban cobertura fueron agredidos y, según el reporte oficial, una trabajadora de prensa sufrió un desmayo en medio de los disturbios.
En El Alto también se registraron incidentes violentos. Manifestantes apedrearon instalaciones de la Central Obrera Regional (COR) y, de acuerdo con la denuncia gubernamental, algunos grupos desmontaron estructuras metálicas y calaminas de construcciones para utilizarlas como escudos y barricadas frente a la Policía.
Gálvez sostuvo que detrás de las protestas existe una intención de “romper el orden constitucional” y aseguró que el Gobierno no responderá con violencia, aunque advirtió que se actuará con firmeza contra quienes porten armas, explosivos o participen en hechos vandálicos.
“Todo aquel que sea portador de armas, dinamita o cualquier elemento para causar daño será aprehendido y puesto ante las autoridades competentes”, afirmó.
