El Ejecutivo nacional asegura que no existe un “perdonazo” tributario ni acceso irrestricto a combustibles o explosivos; la polémica reabre el debate sobre el poder político y económico de las cooperativas mineras en Bolivia
Los acuerdos firmados entre el Gobierno y las cooperativas mineras volvieron a instalar una fuerte polémica política y económica en Bolivia. En medio de versiones que circularon masivamente en redes sociales sobre supuestos beneficios especiales para el sector, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, salió a aclarar que no existe un “perdonazo” tributario, tampoco acceso ilimitado a explosivos ni un régimen preferencial de diésel subvencionado para los cooperativistas.
Las aclaraciones llegan en un contexto marcado por bloqueos, escasez temporal de combustibles y creciente sensibilidad social sobre el uso de recursos subvencionados por el Estado.
¿Qué dice el Gobierno sobre el diésel subvencionado?
Uno de los principales cuestionamientos surgió luego de que en redes sociales se difundieran publicaciones asegurando que el Ejecutivo había acordado entregar combustible subvencionado y explosivos sin restricciones a cooperativas afiliadas a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).
Según Gálvez, el acuerdo firmado con Fencomin no contempla ningún trato especial sobre precios de combustibles.
“El acuerdo firmado no aborda en ningún momento temas relativos al precio de los combustibles. Nunca se acordó un trato especial de precios o cosa parecida”, explicó el vocero presidencial en una declaración a EL DEBER.
La autoridad aclaró que lo acordado fue un incremento en los volúmenes de explosivos solicitados por las cooperativas debido al aumento de la actividad minera, aunque remarcó que todo se realizará bajo las normas vigentes y mecanismos de control legal.
El tema adquiere relevancia porque Bolivia atraviesa una etapa de fuerte presión sobre el abastecimiento de diésel. En los últimos meses, sectores agroindustriales, transportistas y productores denunciaron filas y dificultades para conseguir combustible, mientras YPFB reconoció problemas logísticos y alta dependencia de importaciones.
La controversia del supuesto “perdonazo”
Otro de los puntos más debatidos fue el Decreto Supremo 5618, interpretado por algunos sectores como una supuesta condonación de deudas a cooperativas mineras vinculadas a la Caja Nacional de Salud (CNS).
El Gobierno rechazó esa interpretación y aseguró que la norma busca realizar una auditoría técnica y contable sobre aportes correspondientes a las gestiones 2013, 2014, 2015 y 2016.
Según explicó Gálvez, los aportes equivalentes al 1,8% debían ser debitados automáticamente por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), por lo que el objetivo es verificar si esos recursos fueron efectivamente registrados y administrados correctamente.
“La presente gestión no constituye bajo ninguna circunstancia una condonación ni un perdón de las deudas”, remarcó el vocero presidencial.
El Ejecutivo sostiene además que existe un vacío normativo en la regulación de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), especialmente en los mecanismos de fiscalización aplicables a cooperativas mineras.
¿Por qué las cooperativas tienen un tratamiento especial?
El debate también volvió a poner sobre la mesa el peso económico y político del cooperativismo minero en Bolivia.
Las cooperativas mineras funcionan bajo una estructura diferente a las empresas privadas tradicionales. Están conformadas por asociaciones de socios trabajadores y poseen un régimen operativo y tributario especial reconocido por ley.
Actualmente, el sector cooperativista concentra a más de 120.000 trabajadores y representa una parte importante de la producción nacional de oro, zinc, estaño y otros minerales.
En los últimos años, el auge del oro fortaleció económicamente a muchas cooperativas, particularmente en La Paz y el norte amazónico, convirtiendo al sector en uno de los actores sociales con mayor capacidad de movilización y presión política.
Precisamente por ese peso estratégico, distintos gobiernos mantuvieron históricamente negociaciones permanentes con las cooperativas para evitar conflictos sociales o paralizaciones productivas.
El problema de la fiscalización
Uno de los principales argumentos del Gobierno es que las cooperativas no pueden ser auditadas bajo los mismos criterios utilizados para empresas privadas o entidades públicas.
Según Gálvez, la normativa vigente de la ASUSS menciona la fiscalización, pero no establece procedimientos específicos para organizaciones cooperativas mineras, lo que habría generado problemas administrativos y jurídicos.
Por ello, el DS 5618 plantea dos acciones centrales:
1.Revisar técnicamente los aportes devengados.
2.Diseñar un nuevo instrumento legal específico de fiscalización adaptado al sector cooperativo.
El Ejecutivo sostiene que este nuevo mecanismo permitirá una evaluación “transparente, legal y justa” acorde a la naturaleza socioeconómica de las cooperativas.
¿Las cooperativas pagarán si existen deudas?
Según el Gobierno, sí. El vocero presidencial aseguró que, una vez concluida la nueva auditoría y aprobados los mecanismos técnicos de fiscalización, si se detectan obligaciones pendientes con la Caja Nacional de Salud, las cooperativas manifestaron su predisposición de cancelar inmediatamente los montos observados.
La explicación busca reducir las críticas de sectores que consideran que el Estado mantiene privilegios históricos con el cooperativismo minero, especialmente en momentos donde la economía boliviana enfrenta restricciones fiscales y presión sobre subsidios.
Un sector clave para la economía
El debate ocurre además en un momento complejo para Bolivia, la minería se consolidó como uno de los principales generadores de divisas del país, especialmente por el incremento de exportaciones de oro. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el oro se ubicó entre los productos de exportación más importantes durante 2025.
En medio de la escasez de dólares y los problemas energéticos, el Gobierno busca sostener la actividad minera como fuente estratégica de ingresos, aunque ello también incrementa la sensibilidad política alrededor de cualquier acuerdo con cooperativistas.
