La cuarta Marcha Federal Universitaria reunió este martes a cientos de personas en la ciudad de Salta en defensa de la universidad pública y en rechazo al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.
La movilización se inició pasadas las 16.30, en el monumento 20 de Febrero y culminó en plaza 9 de Julio, luego de una extensa caminata por el centro salteño en la que participaron docentes, estudiantes, investigadores, trabajadores no docentes, autoridades universitarias, organizaciones sociales y comunidades indígenas.
La movilización se realizó en simultáneo con marchas en distintos puntos del país y tuvo su correlato en las sedes regionales de Orán y Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, donde también se desarrollaron actividades y manifestaciones en defensa de la educación superior pública. También hubo una manifestación en la ciudad de Metán. El eje central de la marcha fue el impacto del ajuste impulsado por la gestión de Javier Milei, en cuyo marco ya se registran más de 200 días de incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
La columna ocupó varias cuadras del centro salteño. Desde temprano comenzaron a concentrarse agrupaciones estudiantiles, centros de estudiantes, gremios docentes, organizaciones sociales, investigadores, autoridades universitarias y familias enteras en el monumento 20 de Febrero.
La particularidad que muchos remarcaron mientras avanzaban por las calles fue el regreso masivo de los estudiantes. “No se veía esto en las marchas anteriores”, comentaban docentes y militantes universitarios mientras observaban a los jóvenes copando la movilización. Había banderas de facultades, carteles hechos a mano, guardapolvos, pecheras gremiales y también una sensación de organización colectiva que en los últimos meses parecía dispersa.
La caminata hacia la plaza central duró más de una hora. En el trayecto hubo cánticos contra el ajuste del Gobierno nacional y fuertes críticas al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La marcha pasó además frente a la Legislatura provincial, donde algunos diputados abandonaron momentáneamente la sesión de la Cámara para acompañar algunos metros la movilización. Entre ellos estuvieron Patricia Hucena y Gastón Galíndez. También acompañó el diputado y docente universitario Jorge Restom, la legisladora radical Soledad Farfán y el diputado y médico indígena Miguel Plaza.
La escena final fue en plaza 9 de Julio, donde los distintos claustros universitarios se expresaron. Allí se denunció que ya pasaron “203 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario” y se acusó al Gobierno libertario de quebrar el pacto democrático al incumplir una norma aprobada por el Congreso y ratificada judicialmente. Pero más allá de los números, la marcha estuvo atravesada por lo que ocurre cuando se rompe el camino de ascenso social que históricamente representó la universidad pública.
La vicerrectora de la Universidad Nacional de Salta, María Rita Martearena, confirmó que las autoridades universitarias siguen sin obtener respuestas del Gobierno nacional ante el incumplimiento de la ley. “Ahora está en la Corte Suprema de Justicia y estamos esperando”, dijo a Salta/12.
Martearena describió una universidad sostenida prácticamente por el esfuerzo cotidiano de docentes y trabajadores no docentes. “Tenemos un presupuesto acotado, pero estamos poniendo el pecho para que la universidad funcione”, dijo. Y agradeció especialmente a quienes continúan trabajando aun cuando las condiciones salariales se deterioran mes a mes.
“Mucha gente va a trabajar y ni siquiera firma asistencia. Todos apostando por nuestros estudiantes, que son la razón de ser de la universidad”, manifestó.
El documento leído en plaza 9 de Julio detalló que las transferencias a universidades nacionales cayeron un 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026. También señaló que los salarios universitarios perdieron más de un 37% de poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei al gobierno.
En ese sentido, la decana de la Facultad de Ciencias Naturales, Cristina Sánz, exigió que se aplique la ley, porque “es lo que mandó la democracia”. “Las universidades estamos agonizando y necesitamos que el gobierno las financie”, aseguró.
Para el docente e investigador Emiliano Venier, el ajuste no es accidental sino deliberado. “La mirada que tiene el Gobierno nacional respecto a la universidad y a la ciencia es eliminarlas”, sostuvo. “Lo que quieren es que se agoten, desfinanciarlas y que se caigan”.
Venier describió una realidad salarial dramática dentro del sistema universitario. Explicó que muchos docentes con dedicación simple cobran salarios por debajo de la línea de pobreza y remarcó que existe una pérdida inédita de poder adquisitivo.
La universidad como primera oportunidad
Buena parte de los testimonios compartieron un punto en común: la universidad pública había sido la primera gran oportunidad dentro de sus familias. La concejala capitalina Malvina Gareca lo explicó desde su propia historia personal. “Soy la primera de mi familia en recibirme”, contó. “Mi mamá y mi papá no pudieron hacerlo”.
Gareca recordó que se graduó como profesora en Ciencias de la Educación gracias a la universidad pública y destacó además las políticas de inclusión que le permitieron continuar estudiando cuando fue madre joven. “La universidad me dio la posibilidad de llevar a mi hijo al jardín maternal y seguir estudiando”, señaló. “Si no era por la universidad pública, yo no podría tener esta profesión”.
La universidad pública para todos Maira López
La dirigente aseguró que hoy el Gobierno nacional obliga permanentemente a “salir a reclamar derechos ya conquistados” y cuestionó el ajuste sobre educación, salud y discapacidad. “Tenemos una de las mejores universidades públicas de América Latina y tenemos que defenderla como sea”, afirmó.
“El ascenso social también era para nosotros”
Uno de los momentos más conmovedores de la jornada llegó con la voz de Tujuayliya Gea Zamora, médica universitaria y referente wichí del norte provincial. “Soy la primera médica universitaria del Pueblo Wichí”, dijo. Su intervención resumió uno de los ejes más profundos de la marcha: el temor a que la universidad vuelva a convertirse en un espacio inaccesible para los sectores históricamente excluidos.
Tujuay Zamora recordó que durante décadas para los jóvenes indígenas ingresar a la universidad era prácticamente imposible. Explicó que recién a partir de los años 2000 comenzó un proceso de ampliación que permitió que cientos de jóvenes de comunidades originarias empezaran a pensar en estudiar carreras universitarias.
“La universidad se convirtió en un sueño posible”, dijo. Pero advirtió que ese proceso hoy se encuentra amenazado. “Justo cuando muchos jóvenes estaban empezando a pensar que el ascenso social también era para ellos, todo se viene abajo”, lamentó.
La médica contó que muchos estudiantes indígenas que migraron desde sus comunidades hacia la ciudad de Salta ya están teniendo dificultades extremas para sostener sus carreras y algunos incluso regresaron a sus territorios porque ya no pueden continuar estudiando. “Volvemos a hace 30 años, cuando un joven no podía ni soñar con ir a la universidad”, lamentó.
Los números que explican la defensa de la UNSa
Los datos del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNSa ayudan a comprender por qué la defensa de la universidad pública en Salta tiene una carga social tan fuerte. El informe publicado en 2024 reveló que más del 77% de quienes estudian en la Universidad Nacional de Salta son primera generación universitaria. Es decir, hijos e hijas de familias que nunca antes habían accedido a estudios superiores.
El estudio mostró además que uno de cada dos estudiantes de la universidad pública salteña es pobre. También reveló que el 45% de quienes estudian en universidades públicas provienen de los sectores de menores ingresos, mientras que en el sistema privado ese porcentaje baja al 17%.
