La medida busca reforzar los estándares de transparencia y control en la función pública.
La Provincia de Salta oficializó la aplicación obligatoria de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos de todos los niveles del Estado. La disposición alcanza a representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de intendentes, concejales y autoridades municipales, y contempla controles aleatorios y periódicos.
La medida quedó firme tras la entrada en vigencia de la Ley Provincial Nº 8533, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto Nº 262. Con esta normativa, el Gobierno provincial convirtió en ley el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 32/2026, dando marco legal a un sistema de fiscalización que apunta a reforzar los estándares de transparencia en el ejercicio de la función pública.
El esquema de controles abarca a las máximas autoridades del Ejecutivo provincial, incluyendo gobernador, vicegobernador, ministros y secretarios, pero también incorpora a legisladores provinciales, magistrados, fiscales y responsables de organismos de control.
Uno de los aspectos más relevantes es su extensión a los municipios. La obligación alcanza también a intendentes, concejales y funcionarios comunales, lo que convierte a la norma en una herramienta de alcance integral dentro del aparato estatal salteño.
La ley establece que los exámenes podrán realizarse bajo dos modalidades: controles programados y pruebas sorpresivas.
La inclusión de evaluaciones sin previo aviso busca impedir maniobras que puedan alterar los resultados y garantizar una fiscalización efectiva.
A la vez, la normativa incorpora mecanismos de resguardo para los funcionarios alcanzados. Entre ellos, la reserva sobre los resultados obtenidos y la posibilidad de solicitar una contraprueba en caso de desacuerdo con el análisis inicial.
