También reclamaron por las deudas del Estado nacional con las constructoras.
Según la Cámara de la Construcción, Argentina pierde US$ 25.000 millones por año por mal mantenimiento de su infraestructuraCamarco reclamó por el estado de las rutas y también por «un programa federal de infraestructura que abarque rutas, ferrocarriles, puertos, energía, agua y saneamiento».
La Cámara de la Construcción (Camarco) planteó que la Argentina pierde cada año el equivalente a 25.000 millones de dólares por no contar con el mantenimiento adecuado de su infraestructura. “Sin infraestructura, no habrá crecimiento ni desarrollo sostenible”, señaló la entidad a través de una declaración de su Consejo Federal.
La entidad que agrupa a las empresas constructoras emitió este lunes su “147° Declaración del Consejo Federal”, desde Rosario, en la cual elogió como un “paso positivo” la decisión del Gobierno de avanzar con las concesiones viales, pero también manifestó su “profunda preocupación” por la situación de “emergencia” de la infraestructura, en particular de caminos y rutas. Los constructores, además, reclamaron por la deuda que el Estado nacional mantiene con las empresas del sector.
“Manifestamos nuestra preocupación por la emergencia que atraviesa la infraestructura. La falta de mantenimiento, la paralización de obras y la ausencia de un plan integral han generado una deuda de infraestructura que compromete la seguridad vial, la competitividad logística y la calidad de vida de la población”, señaló la entidad que encabeza el empresario Gustavo Weiss.
“Argentina pierde 25 mil millones de dólares al año por la falta de mantenimiento adecuado. Sin infraestructura, no habrá crecimiento ni desarrollo sostenible”, agregó el comunicado de Camarco. “La OCDE ha señalado con claridad que la falta de inversión en infraestructura es uno de los principales problemas estructurales de la Argentina. Sin resolver este déficit, el país no podrá integrarse competitivamente al comercio internacional ni sostener un proceso de crecimiento de largo plazo”.
En ese contexto, la entidad calificó el inicio del sistema de concesiones viales como “un paso positivo hacia la modernización del sector”. Sin embargo, agregó, “aún falta mucho trabajo por hacer para que estos mecanismos se traduzcan en mejoras efectivas de la red vial. En particular, debe resolverse el mantenimiento de los 30 mil kilómetros de rutas que no resultan concesionables, y que constituyen una parte vital de la conectividad nacional”.
La Cámara planteó que “continúa sin resolverse la deuda histórica del Estado Nacional con las empresas constructoras” y que “la falta de definición sobre el bono anunciado para su cancelación genera incertidumbre y agrava la crisis financiera del sector”. En ese sentido, agregó, “cada día de demora implica más empresas al borde del colapso y más empleos en riesgo”.
¿En qué consiste la deuda de infraestructura a la cual aluden los empresarios de la construcción? El comunicado de la Cámara formuló un “llamado urgente a todos los actores políticos, sociales y económicos” para diseñar y ejecutar un plan nacional de infraestructura que incluya:
Reactivación inmediata de las obras paralizadas.
Reconocimiento y cancelación de la deuda del Estado con las empresas constructoras.
Normalización de la ejecución de fondos específicos, como los destinados al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) o el Fondo Hídrico.
Un programa federal de infraestructura que abarque rutas, ferrocarriles, puertos, energía, agua y saneamiento.
Mecanismos mixtos de financiamiento que integren al sector privado.
Promoción de las medidas necesarias para activar un programa de créditos hipotecarios acordes a la capacidad adquisitiva del conjunto de las familias.
Políticas de transparencia y eficiencia en la ejecución de obras.
Promoción del empleo formal y la capacitación en oficios vinculados a la construcción.
Agregó la entidad que la situación económica general «también ha impactado en la obra privada, reduciendo proyectos y frenando inversiones». Señaló que las empresas constructoras, en todos los segmentos, «atraviesan una crisis profunda por ser el sector donde más se ha sentido el ajuste» y que «la caída de la actividad golpea directamente a miles de trabajadores y a más de 60 ramas de la economía vinculadas».
