El dato no es menor porque detrás aparece una serie de inversiones que dependen directamente de ese entendimiento.
El eje de la discusión gira en torno al Tratado de Integración y Complementación Minera, un acuerdo que funciona como base para habilitar desarrollos conjuntos entre ambos países. Las autoridades acordaron reactivar las sesiones de la Comisión Administradora durante el primer semestre del año, con el objetivo de acelerar la evaluación de iniciativas que requieren ese marco legal.
El encuentro reciente entre el secretario de Minería argentino, Luis Lucero, y el biministro chileno de Economía y Minería, Daniel Mas, dejó en claro que el interés es avanzar en una agenda común. La decisión de retomar las reuniones apunta a ordenar proyectos que ya están en carpeta y que necesitan definiciones políticas para seguir adelante.
Uno de los puntos centrales es el desarrollo del proyecto Vicuña, que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Se trata de una iniciativa que, por su ubicación en la frontera, requiere acuerdos específicos entre ambos países para poder operar con normalidad. En ese contexto, el tratado aparece como la herramienta que puede destrabar cuestiones regulatorias clave.
Desde el lado chileno, el biministro Mas planteó el alcance que podría tener este proceso de integración. “Existen grandes oportunidades de cooperación e integración con Argentina, especialmente en el ámbito minero, y donde nosotros podemos colaborar en temas de conocimiento, logísticos, entre otros”, señaló, al destacar el potencial del trabajo conjunto.
El funcionario también puso el foco en el impacto económico que podría generar esta articulación. “Estamos potenciando un trabajo conjunto con Argentina para impulsar el desarrollo de proyectos e inversiones mineras que favorezcan a ambos países y generen más empleo”, agregó, en referencia a los efectos que esperan en ambos lados de la cordillera.
El tratado en discusión no funciona como un acuerdo general abstracto, sino que se aplica de manera puntual a cada iniciativa. Para eso existen los Protocolos Adicionales Específicos (PAE), que delimitan las áreas de operación y establecen condiciones particulares según el proyecto. Ese esquema permite adaptar el marco legal a cada caso sin perder la coordinación binacional.
En términos prácticos, el acuerdo busca facilitar cuestiones operativas que hoy resultan complejas en zonas de frontera. Incluye aspectos vinculados a aduanas, tributación, trabajo e infraestructura, todos elementos que influyen directamente en la viabilidad de los proyectos. La coordinación entre ambos Estados se vuelve clave para evitar demoras o incompatibilidades normativas.
En el caso puntual de Vicuña, la empresa involucrada ya trabaja bajo un protocolo para la etapa de exploración. Ese esquema permite mover personal y recursos entre ambos países sin tener que pasar por controles aduaneros en cada operación, lo que agiliza las tareas en el terreno. Sin embargo, el objetivo ahora es avanzar hacia una instancia más amplia.
El CEO de Lundin, Jack Lundin, explicó que buscan ampliar ese marco hacia una etapa de explotación con mayor flexibilidad. “Estamos considerando escalarlo a un acuerdo de explotación entre ambos países, lo que nos permitiría mover productos y personal a través de esta fase de operaciones con mayor libertad”, indicó al referirse al próximo paso que pretenden dar.
Ese salto requiere la aprobación de un nuevo protocolo específico, que todavía se encuentra en evaluación. Al tratarse de un proyecto ubicado en la frontera, necesita permisos en ambas jurisdicciones antes de poder avanzar en su construcción y operación. La coordinación política y técnica entre los dos países aparece entonces como un factor determinante.
Más allá de Vicuña, el avance del tratado también abre la puerta a otros proyectos en zonas limítrofes que esperan condiciones similares. La herramienta permite pensar en una integración productiva más profunda, donde los recursos se desarrollen con una lógica compartida en lugar de fragmentada. El proceso recién retoma impulso, pero deja una señal clara sobre el rumbo que buscan ambos gobiernos. La minería aparece como uno de los sectores donde la integración puede traducirse en inversiones concretas, aunque todavía quedan pasos por definir para que ese esquema funcione de manera plena en el terreno.
