El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) publicó un informe sobre el impacto en Salta de la eliminación del programa nacional Volver al Trabajo, por decisión del gobierno de Javier Milei.
El retiro del programa mpacta directamente en 52.739 titulares en la provincia de Salta —personas de entre 18 y 49 años en situación de vulnerabilidad— y de manera indirecta a entre 158.000 y 211.000 personas si se considera el grupo familiar, advirtió el ISEPCi.
El retiro de $49.364 millones anuales del circuito económico provincial impacta directamente en la actividad comercial, el empleo informal y los servicios de proximidad en todos los municipios. Sus consecuencias comprometen además los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en alimentación, educación y salud.
El Programa “Volver al Trabajo” fue creado en 2024 como sucesor del histórico “Potenciar Trabajo”, originado en 2020 para asistir a trabajadores informales en situación de vulnerabilidad. Consistía en una asignación mensual de $78.000 para personas de entre 18 y 49 años que participaran en actividades de formación laboral o proyectos socioproductivos. En Salta, el programa articuló cooperativas, organizaciones sociales y espacios comunitarios en todos los departamentos y municipios de la provincia, convirtiéndose en un pilar de la economía popular territorial.
El informe da cuenta de un dato que “habla por sí solo”: hasta junio de 2025, el programa había logrado la inserción laboral formal de apenas 1.500 personas en todo el país, el 0,17% del total. Para el ISEPCi, esto confirma que sus beneficiarios no son personas que “podrían trabajar pero no quieren”: son personas estructuralmente excluidas del mercado laboral formal, para quienes esa oportunidad no existe.
Los 52.739 titulares del Volver al Trabajo en Salta se distribuyen en todos los departamentos y municipios de la provincia. Los mayor cantidad se concentra en el departamento Capital y en los grandes centros urbanos del norte salteño como Orán y Tartagal, “pero el impacto es provincial: cada localidad, cada barrio, cada comunidad tiene vecinos y vecinas que perderán este ingreso”.
Las afectadas son personas de entre 18 y 49 años en situación de alta vulnerabilidad e informalidad laboral. También jefas y jefes de hogar monoparentales, en su mayoría mujeres, “para quienes este ingreso era el único sostén económico familiar”.
Otros beneficiarios son trabajadores de la economía popular, como feriantes, recicladores, quienes laboran huertas comunitarias, cooperativistas de construcción y mantenimiento barrial. También, mujeres en situación de violencia de género y personas con escaso acceso al empleo formal en zonas periurbanas, barrios populares y comunidades del interior provincial.
En Salta 52.739 personas recibían este ingreso mensual de $78.000, lo que da un total de $4.114 millones mensuales que a partir de este mes deja de ingresar al circuito económico provincial. Por año, Salta deja de recibir $49.364 millones.
En el ranking nacional Salta es la octava provincia con más beneficiarios (5,9% del total).
Además de los beneficiarios directos que dejan de recibir esta ayuda, el retiro de fondos del Gobierno nacional también provoca una afectación en cadena. El ISEPCi señala como “Sectores golpeados en cadena” a los pequeños comercios de barrio y almacenes de todos los municipios, que tendrán una reducción directa en ventas.
A la par, habra una caída de la demanda de productos esenciales y mercadería. También serán afectados los servicios de movilidad en zonas populares, porque habrá menor demanda. Lo mismo ocurrirá con los servicios personales e independientes, por la reducción en la contratación de trabajadores autónomos.
También habrá un debilitamiento de circuitos económicos territoriales de proximidad, lo que afectará las ferias y mercados populares. Y disminuirán los ingresos fiscales provinciales y municipales vinculados al consumo popular.
En contextos de alta vulnerabilidad, el ingreso del programa se destinaba prioritariamente a alimentación, transporte, salud y escolaridad, señaló el ISEPCi.
Por esto su eliminación “compromete derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes” como la seguridad, alimentaria, la educacion, salud, a la par que aumenta el riesgo de caer en el trabajo infantil y se aumenta la sobrecarga de las mujeres en el cuidado del hogar, “con impacto negativo en su participaciòn laboral y autonomía”.
En cuanto a la seguridad alimentaria, el informe reseña que la pérdida de este ingreso provocará una disminución en la cantidad y calidad de alimentos en los hogares, “con efectos críticos en la primera infancia y en el desarrollo físico y cognitivo”.
En educación, habrá “mayores dificultades para sostener la asistencia escolar por imposibilidad de cubrir transporte, materiales o conectividad” y habrá también mayor riesgo de abandono escolar.
A la vez, aumentará el riesgo de incorporación temprana de niños, niñas y adolescentes a actividades informales.
Y en salud, se postergarán controles médicos, tratamientos y compra de medicamentos.
El ISEPCi sostuvo que la propuesta del Gobierno nacional de sustituir este programa por vouchers de capacitación laboral “no resuelve la emergencia”, dado que los vouchers “no implican ningún pago mensual” por lo que las familias quedan sin ingresos mientras dura la capacitación.
Además, la red de centros aún está en conformación, y en el caso de Salta,» no hay plazos ni instituciones habilitadas definidas».
Asimismo, el sistema de vouchers prevé que quienes no completen los cursos perderán el beneficio definitivamente y sin posibilidad de reingreso.
Para el ISEPCi el sistema de vouchers propuesto por la Nación tiene una “desconexión con la realidad salteña”, donde la informalidad laboral supera el 50%. “Capacitar no garantiza empleo formal cuando el mercado no lo ofrece”, señaló.
En la misma línea, la propuesta del gobierno libertario no tiene perspectiva de género: “ignora las barreras que enfrentan las mujeres —cuidado de hijos, violencia, falta de transporte— para acceder a capacitaciones».
