El ataque ocurrido la semana pasada en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, que dejó una inspectora fallecida y varios heridos, aceleró la discusión de nuevas medidas de seguridad en establecimientos educacionales, incluyendo la revisión de mochilas y sistemas de control de acceso.
A pocos días del hecho, el gobierno comenzó a trabajar en una serie de iniciativas que buscan entregar más herramientas a los colegios para prevenir situaciones de violencia al interior de las comunidades educativas.
Entre las medidas que se evalúan se encuentra la revisión de mochilas al ingreso de los establecimientos, lo que actualmente no está permitido, por lo que se requeriría una ley para poder implementarlo sin vulnerar garantías constitucionales. La idea es presentar un proyecto que permita este tipo de controles en determinados contextos.
Además, se trabaja en la implementación de detectores de metales en establecimientos educacionales, medida que será posible una vez que entre en vigencia la Ley de Convivencia Escolar, la cual actualmente se encuentra en proceso administrativo para su promulgación.
En paralelo, también se analizan otras herramientas de control como sistemas de reconocimiento facial e incluso el uso de inteligencia artificial para monitorear el ingreso a los establecimientos y tener mayor control sobre quiénes acceden a los recintos educacionales.
Desde el Ministerio de Educación señalan que el objetivo es entregar más atribuciones y herramientas a los sostenedores y establecimientos educacionales para que puedan adoptar medidas de seguridad de acuerdo a su realidad y necesidades, especialmente en contextos donde exista mayor riesgo.
Mientras tanto, el ministerio trabaja en el reglamento de la Ley de Convivencia Escolar, documento que permitirá aplicar medidas como detectores de metales una vez que sea aprobado por Contraloría, proceso que podría demorar algunos meses, aunque se busca acelerar su tramitación tras lo ocurrido en Calama.
En paralelo, también se analiza la disponibilidad de recursos para implementar estas medidas en establecimientos públicos, ya que algunos colegios podrían requerir financiamiento para instalar sistemas de seguridad o contratar servicios asociados.
El debate sobre seguridad en establecimientos educacionales se ha intensificado tras el ataque en Calama, reabriendo la discusión sobre hasta qué punto se pueden aplicar medidas de control sin afectar derechos de los estudiantes, tema que deberá ser abordado en el Congreso en el marco del eventual proyecto de ley.
