Al respecto el presidente de la comisión de Finanzas, el diputado Guido Luna explicó que se trata de un proyecto que enviaron desde el Ejecutivo, que todavía no tomó estado parlamentario, porque no hubo sesión pero queríamos que los legisladores de las tres comisiones por las que va a pasar este proyecto, que es la Comisión de Finanzas, la Comisión de Asuntos Institucionales y la Comisión de Legislación General, tengan la oportunidad de verla, de estudiarla.
La idea es que el proyecto pueda ser tratado y discutido en profundidad para luego diagramar un programa de actividades en el que se invitará a participar a referentes del Poder Ejecutivo responsables de la elaboración de la iniciativa, así como a intendentes, comisionados municipales y a todas las personas que deseen aportar su mirada sobre el proyecto.
El objetivo es lograr una ley verdaderamente consensuada, que exprese el acuerdo de todos los sectores involucrados y que nos permita sancionar la mejor norma posible para la provincia, sostuvo.
Este proyecto de ley, remitido por el gobernador Carlos Sadir al Poder Legislativo provincial, busca actualizar el régimen de coparticipación municipal establecido en la Ley N° 4395, vigente desde hace décadas. Según fuentes oficiales, la iniciativa estructura un sistema integral compuesto por tres ejes principales: una distribución más equitativa de recursos basados en criterios como población, necesidades básicas insatisfechas y eficiencia recaudatoria; mecanismos de control y transparencia para evitar discrecionalidades; y fondos específicos para obras de infraestructura en municipios. Esta reforma responde a demandas históricas de intendentes y comisionados, quienes han criticado la obsolescencia del marco actual, que no refleja el crecimiento demográfico ni las desigualdades regionales en Jujuy, una provincia con contrastes entre su capital y zonas rurales como la Puna o Yungas.
Sin embargo, no todo es consenso. diputados del bloque PTS-FITU, como Gastón Remy, denunciaron que la presentación del proyecto fue «express» y limitada, sin un debate amplio previo en el plenario de comisiones. «Se busca imponer una ley sin la participación real de todos los sectores, lo que podría perpetuar inequidades en la distribución de fondos», advirtieron en un comunicado, exigiendo audiencias públicas inclusivas con trabajadores, organizaciones sociales y expertos independientes. Esta crítica resalta tensiones políticas en la Legislatura, donde el oficialismo busca acelerar el tratamiento para su sanción antes de fin de año, mientras la oposición pide mayor escrutinio para garantizar que la norma beneficie a los municipios más vulnerables y no solo a los de mayor peso electoral.
