El presidente Rodrigo Paz, quien asumió el mando del país en noviembre de 2025, anunció el pasado 17 de diciembre la eliminación de la subvención a los carburantes en Bolivia, una decisión enmarcada dentro de un paquete de medidas económicas orientadas a enfrentar la crisis energética y fiscal que atraviesa el país. No obstante, la determinación, formalizada mediante el Decreto Supremo 5503, ha desatado una ola de rechazo social y sectorial, con protestas y pronunciamientos que exigen su inmediata abrogación.
La medida fue anunciada a tan solo 39 días de iniciada la nueva gestión gubernamental y ha sido calificada por distintos sectores como abrupta y carente de consenso, en un contexto marcado por la inflación, el encarecimiento de la canasta básica y la fragilidad del poder adquisitivo de la población.
El Decreto Supremo 5503 establece el fin de la subvención estatal a los carburantes y fija nuevos precios para el mercado interno: la gasolina pasa a costar Bs 6,96 por litro y el diésel Bs 9,80. De acuerdo con el Ejecutivo, esta decisión busca reducir el déficit fiscal y frenar el contrabando de combustibles hacia países vecinos.
Para mitigar el impacto de la medida, el presidente Paz anunció un incremento del salario mínimo nacional hasta Bs 3.300, lo que representa un aumento aproximado del 20%, además de elevar el monto de la Renta Dignidad a Bs 500.
El Gobierno también informó sobre la desregulación del diésel, retirándolo de la lista de sustancias controladas, con el objetivo de facilitar su importación directa por sectores estratégicos como el agropecuario y el industrial. Asimismo, se creó el “Programa Extraordinario de Protección y Equidad”, que contempla la entrega de bonos de hasta Bs 600 anuales a sectores no contributivos.
En Tarija, la decisión gubernamental generó un clima de alta tensión social. Tras el anuncio presidencial, se registraron largas filas en las estaciones de servicio, además de una creciente preocupación por el impacto que el alza del combustible podría tener en los precios de los alimentos y el transporte público. Hubo hasta comercios cerrados.
El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Celestino Barro, expresó su rechazo al DS 5503 y advirtió que, de ser necesario, los vecinos saldrán a las calles para protestar.
“Están castigando a la gente más pobre, a la gente más humilde. No hay bolsillo que aguante. Vaya al mercado ahora, lo han cerrado. Esto nos está llevando a confrontarnos entre hermanos, entre el mismo pueblo”, manifestó.
Barro reconoció que el levantamiento de la subvención era una decisión que tarde o temprano iba a llegar, pero cuestionó que se la haya aplicado de forma inmediata y sin gradualidad. A su criterio, el Gobierno debió implementar una transición progresiva para evitar un impacto tan fuerte en la economía familiar.
Otro de los aspectos observados por el dirigente vecinal es la falta de control por parte de las instancias estatales. Denunció que los precios en los mercados se dispararon de manera inmediata, que el costo del transporte público se duplicó en algunos casos y que no existe presencia efectiva de la Intendencia Municipal, Movilidad Urbana u otras dependencias para frenar la especulación.
La Federación del Autotransporte 15 de Abril protagonizó la primera movilización en Tarija en rechazo al DS 5503. Su ejecutivo, Gabriel Pérez, sostuvo que una medida de esta magnitud debía ser discutida previamente en mesas de trabajo, con el objetivo de consensuar un levantamiento paulatino de la subvención.
“Para el sector del transporte es fácil agarrar una calculadora y saber cuánto será la nueva tarifa con el nuevo costo de los combustibles. Pero ¿qué hacemos con la población que no tiene trabajo? No va a poder pagar un pasaje, sea urbano, interprovincial o interdepartamental”, cuestionó.
Pérez indicó que el pedido central del sector es la abrogación del decreto y la apertura inmediata de un diálogo para evaluar el impacto económico real de la medida. Recordó que el transporte viene siendo uno de los sectores más golpeados en los últimos meses, no solo por la escasez de carburantes, sino también por el encarecimiento de repuestos, insumos y el aumento generalizado del costo de vida.
El dirigente informó que se otorgó un plazo de 24 horas al Gobierno para eliminar el DS 5503 y advirtió que, de no existir respuesta, a partir de este viernes se iniciarán medidas de presión que podrían intensificarse de manera gradual.Desde el Comité Cívico de Tarija, su presidente Jesús Gira planteó que el DS 5503 debe ser flexibilizado, al considerar que la normativa abre el camino para profundizar la inflación, afectando directamente a la economía de los bolivianos.
“Solicitamos respetuosamente al presidente Rodrigo Paz que pueda hacer cambios y modificaciones a esta disposición legal”, expresó.
En tanto, el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Gremiales de Tarija, Nicolás Llanque, informó que el sector sostuvo una reunión de emergencia en la que se aprobó un voto resolutivo de rechazo al decreto, al que calificaron como una “equivocación” del Gobierno.
En su pronunciamiento, los gremiales advierten que el incremento del precio de los carburantes representa un atentado contra la economía de las familias trabajadoras, ya que derivará inevitablemente en un alza de los productos de primera necesidad.
“Como Federación expresamos nuestro rechazo total a esta medida por ir en contra de los intereses de nuestras bases. Nos declaramos en estado de emergencia y estamos evaluando las medidas de presión a asumir”, señala el documento.
Asimismo, instruyeron a todos los sindicatos y asociaciones gremiales a movilizarse este viernes a partir de las 8:00 de la mañana, con punto de concentración en la zona de Los Carboneros, en el mercado Campesino.
El analista económico, Fernando Romero, recomendó aplicar las medidas bajo un enfoque de gradualismo, con fuerte focalización social, monitoreo permanente de precios y apoyo directo a los sectores más vulnerables. Asimismo, insta a fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la coordinación entre niveles de gobierno para asegurar que el ajuste económico no derive en mayor pobreza, informalidad o conflictividad social, sino en una transición ordenada hacia un crecimiento sostenible.
Romero mencionó que el paquete de medidas analizado constituye un ajuste económico integral orientado a corregir desequilibrios fiscales estructurales, recuperar la inversión y garantizar sostenibilidad macroeconómica. Refirió que si bien las medidas presentan beneficios claros en términos de disciplina fiscal, atracción de capitales y reducción de distorsiones, también generan impactos sociales e inflacionarios relevantes en el corto plazo. Su éxito dependerá de la capacidad del Estado para implementar compensaciones sociales efectivas, control institucional y una comunicación clara que genere confianza ciudadana.
