El próximo domingo 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos acudirán a las urnas para participar en un referéndum y consulta popular convocados por el presidente Daniel Noboa. El proceso, aprobado por la Corte Constitucional y organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), plantea cuatro preguntas que podrían modificar de manera sustancial el marco político y constitucional del país.
El padrón electoral supera los 13,9 millones de votantes, entre residentes en Ecuador y en el exterior, quienes recibirán una papeleta con cuatro casilleros. Tres de ellos corresponden a un referéndum de reformas parciales a la Constitución y el cuarto a una consulta popular para decidir si se convoca o no a una nueva Asamblea Constituyente.
La primera pregunta, identificada como casillero A, propone eliminar la prohibición constitucional vigente desde 2008 que impide el establecimiento de bases militares extranjeras o de instalaciones con fines militares en territorio ecuatoriano.
Actualmente, el artículo 5 de la Constitución señala: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
La propuesta de reforma sustituiría ese texto por una sola línea: “El Ecuador es un territorio de paz”. En la práctica, esto eliminaría las restricciones explícitas a la presencia de tropas o bases extranjeras, abriendo la puerta a eventuales acuerdos de cooperación militar con otros países.
El presidente Noboa ha defendido la iniciativa como parte de su estrategia de seguridad nacional y lucha contra el narcotráfico, argumentando que el país necesita cooperación internacional para enfrentar el avance del crimen organizado transnacional.
El tema, sin embargo, genera una fuerte controversia en Ecuador, donde la memoria del cierre de la base estadounidense en Manta en 2009 sigue siendo un símbolo de soberanía. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y movimientos de izquierda han llamado a votar por el No, advirtiendo que el cambio podría poner en riesgo la independencia del país.
La segunda pregunta, o casillero B, plantea eliminar el financiamiento estatal permanente a los partidos y movimientos políticos. Actualmente, la Constitución obliga al Estado a entregar recursos a través del Fondo Partidario Permanente y del Fondo de Promoción Electoral, administrados por el CNE.
El texto propuesto sustituiría el artículo 110 por una versión que dispone que los partidos se financien únicamente con los aportes de sus afiliados y simpatizantes.
