La reciente revisión internacional sobre la situación de Machu Picchu abrió un nuevo capítulo en la relación entre el Perú y los órganos de la UNESCO encargados de la protección del patrimonio mundial. El análisis presentado en París volvió a colocar al santuario histórico en el centro de un debate que mezcla exigencias técnicas, observaciones sobre la gestión estatal y solicitudes de documentación que deberán cumplirse en plazos definidos. Las conclusiones describen un escenario que requiere atención inmediata, pues las observaciones se vinculan con aspectos administrativos, decisiones pendientes y metas que el Estado deberá cumplir para garantizar una administración sostenible del sitio.
El antropólogo cusqueño Fernando Astete compartió al Diario del Cusco los principales puntos evaluados en la 47.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial. Recordó que el organismo tomó decisiones en encuentros previos en Phnom Penh, Bonn, Cracovia, Bakú, Fuzhou y Riad, y que la revisión actual continúa aquella línea de seguimiento. Según detalló, el Comité observó dificultades en la forma en que opera la Unidad de Gestión de Machu Picchu, así como la pérdida de mecanismos directos destinados a asegurar recursos. El señalamiento internacional remarcó que la administración del sitio requiere autonomía funcional y recursos flexibles.
En el mismo informe se mencionó que los miembros del Comité valoraron avances en control de visitantes y conservación, pero señalaron un punto crítico: el nivel actual de visitantes supera las cifras aprobadas en el estudio de capacidad del 2015. Por ello, exigieron al Perú un sustento técnico que certifique el cumplimiento de condiciones para un posible incremento de visitas, además de estrategias de dispersión y evaluaciones independientes.
El documento también incluye referencias al proceso de actualización del Plan Maestro de Machu Picchu. Según lo indicado, los expertos valoraron el trabajo en la elaboración del nuevo Reglamento de Zonificación y del Reglamento para Visitas Turísticas Sostenibles, pero requirieron que el Estado finalice esos instrumentos y los remita al Centro del Patrimonio Mundial. Señalaron además que “acogen con satisfacción los avances en la gestión y el control del flujo de visitantes, así como en las medidas de conservación y monitoreo aplicadas”, aunque expresaron preocupación por el exceso de visitantes en relación con los parámetros técnicos aprobados.
El Comité manifestó su reconocimiento a la Ley N.º 31770, norma que incorporó la Evaluación de Impacto Patrimonial en la legislación peruana. Según el documento, la incorporación de esta herramienta permite revisar proyectos de infraestructura antes de su ejecución, siempre que afecten bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. En palabras del informe, la instancia internacional “acogió con beneplácito la aprobación de la Ley N.º 31770” y destacó la creación de nuevas guías que ordenan estos procesos.
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Otro apartado aborda el proyecto del aeropuerto de Chinchero. El texto menciona que la base para su evaluación se encuentra en la propia Ley 31770. El Comité señaló la necesidad de asegurar mecanismos de supervisión amplios que permitan proteger el patrimonio frente a proyectos de transporte. En el informe se indica que obras como aeropuertos, ferrocarriles o túneles deben evaluarse “de conformidad con el párrafo 118bis de las Directrices Operativas y la Guía y Kit de Herramientas para Evaluaciones de Impacto en el Contexto del Patrimonio Mundial”. El Comité alentó al Perú a elaborar planes de ordenamiento territorial antes de que aumente la presión turística por el desarrollo del nuevo terminal aéreo.
