Sigue apareciendo nuevos antecedentes sobre “Los Piratas” del Tren de Aragua que operaban en Antofagasta y Calama, en contra de las cuales la Fiscalía Regional de Antofagasta acaba de presentar dos acusaciones en las cuales se piden condenas que sumadas llegan casi a los mil años de cárcel.
De hecho, en el caso de la célula de Antofagasta se solicitaron un total de 527 años en contra siete venezolanos, las penas más altas que se han solicitado alguna vez en dicha región, lo que -indicó el Ministerio Público- “guarda relación con la naturaleza de los delitos que se imputan a los detenidos”, los cuales están acusados de una serie de hechos muy violentos, incluyendo varios asesinatos.
En un reportaje de El Mostrador, el fiscal Juan Castro Bekios indicó que la detención de esta organización constituye uno de principales hitos de la lucha contra el crimen organizado en la región, recordando el secuestro con homicidio de dos víctimas bolivianas, a quienes retuvieron y torturaron al interior del campamento Cerro Bonito para lograr la entrega de un cargamento de ketamina que estos mantenían.
“El nivel de violencia ejercido en esa ocasión es algo pocas veces visto en esta región. Como se sabe, ambas víctimas posteriormente fueron trasladadas hasta el camino a la Rinconada, donde las asesinaron a sangre fría, lo que demuestra el grado de violencia que ejercían”, precisó. Cabe recordar que luego del crimen las víctimas fueron quemadas dentro de un vehículo, hecho del cual intentaron culpar a sus rivales de la organización transnacional colombiana ‘Los Shottas’”.
Castro Bekios señaló además que se trataba de una organización criminal con un alto poder de fuego, que además armamento y municiones, contaba con una granada, así como con emulsiones explosivas y mechas.
La estructura de “Los Piratas” de Antofagasta tenía su base de operaciones en el Campamento cerro Bonito, donde fueron detenidos en un operativo masivo realizado por la fiscalía y Carabineros en mayo de 2024, casi en forma coetánea con otro operativo semejante -efectuado por la PDI- en el cual se detuvo a los líderes de “Los Shottas”.
Cabe indicar que el líder del grupo, conocido como “Yoel”, fue asesinado al interior de la cárcel de la ciudad, luego de ser aprehendido. Al igual que en todas las otras zonas donde actúan, “Los piratas” comenzaron a ejercer el control territorial de la población, ocupando además el campamento como un centro de distribución de drogas, extorsionando y robando a otros narcotraficantes y, también, ejerciendo la trata de personas con fines de explotación sexual.
Para los siete imputados que llegarán a juicio -si es que nadie más es asesinado en la prisión- el Ministerio Público está pidiendo penas que van desde los 66 a los 86 años de cárcel, incluyendo al actual líder, conocido como “Portu”.
CALAMA
Si bien el Ministerio Público detalló algunos de los delitos y modus operandi con el que operaron en Calama seis venezolanos y un colombiano, como parte de una facción del Tren de Aragua, se dieron a conocer otros antecedentes de la agrupación que da cuenta de la peligrosidad y también algunos nexos que mantenían.
Uno de estos da cuenta de que mantenían al menos tres casas, llamadas ‘neveras’, donde trasladaban a sus víctimas de secuestro extorsivo, una de estas en la localidad de Chiu Chiu, mientras que otras dos en el sector poniente de Calama, donde efectuaban las amenazas, golpes y apremios contra ciudadanos de su misma nacionalidad, a quienes los obligaban a hacer video llamadas para solicitar dineros y traspasos a sus cuentas bancarias.
La Fiscalía dio a conocer además que los delincuentes, y para lograr además sus propósitos, utilizaban a amigos de las víctimas como carnadas, y así atraerlos hacia la agrupación criminal para lograr sus secuestros, el pago de dinero, y también como forma de amenazas en caso de alguna negativa o problema si familiares o el entorno se negaban a pagar las sumas requeridas.
La investigación dio cuenta además, que el supuesto líder de la agrupación, alias ‘el Chino’, era uno de los más violentos, y además tenía vínculos con Raúl Alarcón Hermosilla (51), exfuncionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Calama, a quien proveía de drogas y en cuya casa escondió armas, municiones y sustancias ilícitas.
