Desde Alianza Libre proponen una ley estricta que puede nacionalizar 120 mil unidades y devolver vehículos robados
“Aproveche la nacionalización, carros a pedidos desde el año 1988 hasta 2024, todas las marcas y modelos, menos chinos. Haga su consulta para reserva, traemos para reponer el viejito, nada de robados. Más información al WhatsApp (…)”, dice uno de los varios anuncios similares en grupos de Facebook dedicados a la compra y venta de vehículos indocumentados, conocidos popularmente como autos chutos.
Este tipo de mensajes han inundado las redes sociales desde que varios candidatos a la Presidencia, como Jhonny Fernández, Eduardo del Castillo, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, iniciaron sus campañas electorales con la promesa de legalizar los vehículos indocumentados que transitan en el país, más aún cuando los dos frentes que se verán en la segunda vuelta han sostenido que la nacionalización beneficiará a más de 250 mil propietarios y generará ingresos medios para las arcas del Estado.
De hecho, los precios de los autos chutos se dispararon en las más de 70 ferias del rubro que existen en el país, como las de Patacamaya (La Paz), Challapata (Oruro); Chimoré, Ivirgarzama, Villa Tunari, Shinahota, Entre Ríos y Bulo Bulo (Cochabamba) y los valles cruceños.
Según un reporte del portal Correo del Sur, en Challapata, por ejemplo, el precio de un ‘jeep’ Mitsubishi Pajero Mini pasó de Bs 12.000 a Bs 38.000, y otros motorizados superan los Bs 100.000. Incluso, este efecto, sumado a la cotización del dólar paralelo, han contagiado al mercado de vehículos legalizados formalmente, con incrementos de hasta 50%.
EL DEBER solicitó a los dos partidos que participarán de la segunda vuelta electoral, el 19 de octubre, que expliquen sus propuestas de nacionalización de vehículos y solo la Alianza Libre hizo llegar sus respuestas a un cuestionario. En el Partido Demócrata Cristiano (PDC) prometieron que responderían, pero hasta el cierre de la presente nota, no se pudo conocer la propuesta.
“Alianza Libre está abierta a una regularización única, estrictamente técnica y con tolerancia cero al delito, orientada a dar seguridad jurídica a los propietarios de buena fe, excluir y devolver todo vehículo robado, cerrar brechas fiscales, ordenar el parque automotor y no ampliar el subsidio a combustibles. Es una medida excepcional y no repetible, anclada en verificación internacional de VIN (Número de Identificación Vehicular), RTV (Revisión Técnica Vehicular) y SOAT (Seguro de Accidentes de Tránsito) obligatorio”, resumió Libre en su posición sobre el tema que, anunciaron, será plasmada en un proyecto de ley.
Cabe señalar que la última nacionalización se dio a través de la Ley 133 de 2011, que creó un programa de saneamiento incluso para maquinaria agrícola. Según registros de prensa de la época, se registraron más de 128.000 vehículos, unos 30.000 fueron depurados por inconsistencias o reportes de robo, principalmente de Chile y Brasil. Quedaron 97.600 para legalización.
De acuerdo con el frente liderado por Jorge Tuto Quiroga, el “objeto y alcance” del proyecto es para la regularización única y excepcional para vehículos ingresados antes del 31 de julio de 2025, pero prohibido para vehículos robados o con VIN adulterado. Se excluirán vehículos con alteraciones estructurales críticas o que no superen RTV/emisiones.
Así también se realizarán consultas obligatorias de VIN con Interpol y autoridades de Chile, Brasil, Perú y Argentina y, si figura como robado, se comisará y restituirá al país y propietario de origen. La nacionalización se limitará a máximo un vehículo por titular persona natural y se sancionará el fraude con “penas mayores”.
Según Alianza Libre, en un “escenario conservador” se podrían admitir 50 mil vehículos con una tasa promedio de Bs 6.000 y se lograría una recaudación de Bs 300 millones, mientras que en un “escenario alto”, se admitirían 120 mil vehículos con una tasa promedio de Bs 8.500, para lograr una recaudación de Bs 1.020 millones.
Al mismo tiempo, desde Libre descartaron que el proyecto de ley pueda incentivar el robo de vehículos en países vecinos, “si se respetan ciertos criterios” como los propuestos.
También negaron que se incremente el consumo de combustibles subvencionados, ya que los autos chutos actualmente circulan con gasolina que es comprada en el mercado negro de combustibles (revendida). “Por tanto, el balance de incremento de combustibles no registra un marcado crecimiento, sino más bien un ordenamiento en el consumo legal”, dijeron.
En el mini-borrador de proyecto de ley, explicado a EL DEBER, Libre remarcó que se creará el Registro Único de Regularización (RUR), tope de litros de combustibles subsidiados por placa, bono por retiro de unidades no aptas (chatarrización) y prohibición de nuevas amnistías por 10 años (no repetibilidad), entre otras medidas.
Imagen
Un vehículo ‘transformer’ recién llegado a territorio boliviano
Un vehículo ‘transformer’ recién llegado a territorio boliviano/Foto: APG
Daños al Estado y al mercado
Un empresario del sector automotriz, quien prefirió guardar su nombre en reserva, lamentó que se aproxime una nueva legalización de autos chutos, porque se legalizaría el delito, aunque el vehículo no sea robado, porque “el contrabando es delito”, dijo.
“Tenemos información que, con la noticia que se van a legalizar, está entrando mucho vehículo de Iquique y eso provoca robos, asaltos, asesinatos, muertes, cambios de vehículos por droga, porque hay mucho de eso (…). Ya estamos siendo llamados desde Chile, desde Brasil, de que los asaltos y robos de autos están proliferando”, manifestó.
Según la información que maneja el empresario, en 2024 ingresaron al país unos 120 mil vehículos indocumentados a un precio promedio de $us 9.000. “Alrededor de 1.200.000 vehículos chutos están distribuidos entre todas las provincias de Bolivia y el 90% no tiene placa. Solamente en un millón (de vehículos) a un precio promedio de 9.000 dólares, estamos hablando de aproximadamente 460 millones de dólares que se evaden de tributos aduaneros al año, sin contar que existen impuestos sobre ventas como el IVA, el IT y el IUE”, detalló.
El ejecutivo lamentó también que, como casi todos los años, las concesionarias tenían proyectado importar entre 50 mil a 60 mil vehículos, pero por la crisis, escasez de dólares y diésel, entre otros problemas, solo se llegará a importar 18 mil motorizados en 2025. “El sector, que soporta alrededor de 7 mil fuentes de trabajo directas, obviamente, se ha (visto) disminuido y va a ser peor todavía con la nacionalización de los autos chutos”, aseveró.
Mencionó que las concesionarias tienen una actividad muy controlada, por ejemplo, por la Defensoría del Usuario y del Consumidor, que obliga a brindar una garantía de 3 años o 100 mil kilómetros por vehículo vendido. “Los chutos son inseguros, la mayoría viene con volante a la derecha y les hacen un cambio de volante en Chile para poder entrar a Bolivia; están mal hechos, a la rápida, son un peligro y por eso vienen los accidentes”, remarcó.
Señaló también que las normativas laxas en Bolivia contribuyen a la ilegalidad, como la falta de una ley de seguridad vial y la Revisión Técnica Vehicular que se puede “comprar” a tramitadores.
“Pero más allá de las cifras, lo más preocupante es que este flujo de autos chutos está directamente vinculado al lavado de dinero del narcotráfico, de la trata de personas y del tráfico de armas. Este ofrecimiento electoral puede encuadrarse como apología del delito”, cuestionó.
