La decisión monocrática del juez del Tribunal Supremo Federal (STF) Alexandre de Moraes, que el lunes pasado decretó el arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro, llegó en una semana crucial para Brasil, ahora dividido entre el caso Bolsonaro y los aranceles estadounidenses del 50% impuestos por la administración Trump, que entraron en vigor ayer mismo. La primera noticia parece alimentar a la segunda y viceversa, en una escalada que culminó en fuertes tensiones en el Congreso y en la que los que pagan los platos rotos son los brasileños y la economía, que teme la gran crisis que se avecina. Según el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC), alrededor del 35,9% de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se verán afectadas por los aranceles. Más de 146.000 puestos de trabajo están en peligro, según reporta un estudio de la Federación de Industrias del Estado de Minas Gerais. A esto se suma la amenaza reiterada en las últimas horas por parte de la administración Trump de imponer nuevos aranceles a los países que comercian con Rusia. Ayer fue la India la primera en pagar las consecuencias, con un aumento del 25% que se suma al 25% ya en vigor. El siguiente en la lista podría ser Brasil. La mitad del petróleo importado por el gigante latinoamericano procede, de hecho, de Rusia. Por no hablar de los fertilizantes, sin los cuales todo el sistema agropecuario corre el riesgo de tener graves problemas.
Ante la gravedad de esta situación, Lula confirmó ayer que no quiere llamar a su homólogo estadounidense para negociar. “El día que mi intuición me diga que Trump está dispuesto a hablar, no dudaré en llamarlo, pero hoy mi intuición me dice que no quiere hablar. Y no voy a humillarme”, dijo en una entrevista con Reuters. También añadió que quiere discutir los aranceles con los demás países del bloque BRICS para decidir posibles represalias. “El presidente Trump se opone categórica y públicamente al multilateralismo. Prefiere el unilateralismo. Prefiere negociar país por país, en lugar de a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, agregó Lula. Ayer mismo, Brasil presentó formalmente una denuncia ante la OMC para iniciar un procedimiento sobre los aranceles, aunque el propio Gobierno brasileño considera que las posibilidades de éxito son escasas. Por último, Lula arremetió contra las grandes tecnológicas. “Si no quieren una regulación, que se vayan de Brasil”, dijo. En su larga entrevista con Reuters, el presidente brasileño acusó a Bolsonaro de ser responsable de esta crisis arancelaria y añadió que debería ser acusado de instigar a Estados Unidos contra Brasil. “Creo que debería ser juzgado por otros motivos, porque lo que está haciendo ahora es poner a Estados Unidos contra Brasil, perjudicando a la economía brasileña y a los trabajadores brasileños. Y su hijo Eduardo debería ser juzgado de nuevo y condenado como traidor a la patria. Porque no hay precedentes en la historia de un presidente y su hijo que pongan al presidente de Estados Unidos en contra de Brasil”.
Pero el arresto domiciliario de Bolsonaro, más que polarizar a la población preocupada por la vida real y la economía, está dividiendo sobre todo a las instituciones e incluso al STF. La motivación del juez Moraes para decretar la prisión, recordemos, es que el expresidente violó las medidas cautelares a las que estaba sometido desde el pasado 18 de julio, que incluían el uso de una pulsera electrónica y la prohibición de utilizar las redes sociales. La acusación es que el domingo pasado su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, puso a su padre en el altavoz durante una manifestación en su apoyo en Río de Janeiro, retransmitida en directo en las redes sociales. Para el juez, se trató de un intento de incitar a sus seguidores a obstaculizar la justicia. Los abogados de Bolsonaro ya han presentado un recurso. El lunes, Moraes impuso al expresidente que solo puede recibir visitas de sus hijos con la autorización del STF, si bien ayer volvió atrás decretando que la autorización no es necesaria. “Es un capítulo más en la triste historia de Brasil. Estamos oficialmente en una dictadura en la que una sola persona decreta el arresto de un expresidente de la república”, comentó en caliente su hijo Flavio, mientras que Paulo Pimenta, exministro de Comunicaciones Sociales del Gobierno de Lula, declaró inmediatamente después de la noticia del arresto domiciliario que “Bolsonaro no está por encima de la ley” y que “todos los que hayan cometido delitos contra la democracia correrán la misma suerte”.
Pasadas las horas, la tensión no ha disminuido, sino que se ha intensificado en el Congreso, que reanudó sus actividades el lunes tras el receso por vacaciones. A pesar de una agenda repleta de debates importantes para Brasil, desde la economía hasta el medioambiente, la principal institución democrática del país ha sido paralizada durante 30 horas desde el martes porque decenas de parlamentarios del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro la ocuparon día y noche, impidiendo su funcionamiento. En las últimas horas se sumaron también parlamentarios de los partidos de la coalición gubernamental, Unión Brasil y los progresistas. El movimiento de protesta ya ha sido rebautizado como “Occupy Congreso”, siguiendo la estela del “Occupy Wall Street”, que en 2011 se manifestó pacíficamente en Nueva York contra los abusos del capitalismo financiero.
