El termómetro social volvió a subir este miércoles frente al Congreso: las fuerzas de seguridad desplegaron un mega operativo para reprimir a los grupos de manifestantes que salieron a las calles para oponerse al ajuste del Gobierno. Desde temprano, columnas de jubilados, trabajadores estatales, científicos, docentes universitarios y personal de la salud pública se concentraron para exigir, una vez más, que se escuche lo que el Poder Ejecutivo decide silenciar con vetos y decretos.
Minutos después de las 16:00, el operativo policial escaló cuando un camión hidrante de la Policía de la Ciudad avanzó por la calle Paraná y lanzó chorros de agua a alta presión hacia un grupo de periodistas que intentaban asistir a un colega afectado por gas lacrimógeno. Los cronistas formaron una ronda protectora alrededor del periodista herido, pero fueron alcanzados por el chorro dirigido directamente contra ellos, claramente identificados como prensa
Además del fotógrafo Rodrigo Abd, quien sufrió el impacto directo del chorro de agua en la oreja y luego continuó trabajando pese a la lesión auditiva, el periodista Diego Gómez de Radio Digital fue alcanzado por gas pimienta en el rostro. Fue trasladado de urgencia del piso tras la represión policial que, según testimonios, careció de advertencia o justificación frente a los trabajadores de prensa
El repudio fue inmediato: organizaciones por la defensa de la libertad de expresión y gremios de prensa manifestaron su condena por lo que calificaron como “un ataque directo a la prensa”. En redes sociales y comunicados institucionales, se denunció que estos hechos se replican cada semana frente a la sede del Congreso y representan una política sistemática de hostigamiento a quienes cubren las protestas
Desde organismos como el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, se responsabilizó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por el operativo, calificándolo de desproporcionado. Aseguraron que el protocolo antipiquetes ejecutado no tenía como objetivo despejar calles, sino amedrentar protestas y silenciar disensos. Estos organismos exigieron medidas concretas contra los responsables y garantías para el ejercicio periodístico sin temor a represalias
