El primero es criticado por no ser “digno” de gestionar el legado “evista”, mientras mantiene al país a las puertas de una recesión. El segundo es acusado de desestabilizar al gobierno y pretender volver a la presidencia, a pesar de los dictados judiciales en su contra.
Por abajo, trabajadores y campesinos resisten el racionamiento de combustibles y el aumento general del costo de la vida. Asimismo, sectores de la derecha racista y neoliberal intentan conformar un bloque de unidad opositora, del cual participan figuras que promovieron el golpe de Estado de 2019.
El modelo productivo del país, basado principalmente en la explotación de un único producto (el gas natural), encierra la economía boliviana en una lógica de dependencia, de atraso sostenido por depender de una industria extractivista y, además, presenta una alta composición orgánica del capital. Las gestiones masistas no avanzaron en la transformación estructural del sistema económico, reproduciendo la lógica de subordinación.
En Bolivia se procesaron a inicio del siglo movilizaciones populares progresivas que sacaron a la vieja derecha tradicional, sometida al imperialismo y abiertamente racista, que había gobernado el país por décadas. Este proceso de rebeliones populares buscaba una transformación de un país muy desigual, con poco desarrollo económico y con muchos restos de propiedad oligárquica en pos de que beneficiara a las grandes mayorías trabajadoras y campesinas.
En el 2003 se dan una serie de protestas en contra de la construcción de un gasoducto hacia la región minera de Mejillones en Chile y la posibilidad de otro hacia Perú. Ambos proyectos estaban en manos privadas y representaban la salida del producto sin prácticamente ningún beneficio para la sociedad boliviana, es decir, un sistema de extractivismo dispuesto alrededor de los enclaves mineros.
Resultado de la lucha en las calles, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que renunciar y huir al extranjero. En su lugar, asume Carlos Mesa, quien impulsa un referéndum para revertir la privatización, que termina con un claro resultado en favor de la nacionalización. Sin embargo, el gobierno no logró capitalizar el resultado por no poner en práctica lo que el voto popular había decretado y enfrentó una amplia oposición, tanto en el Congreso como en las calles, por lo que también fue obligado a renunciar. En medio, la Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización de la clase trabajadora en el país, convocó una huelga general reclamando la nacionalización inmediata del gas y el petróleo.
En ese momento, la figura de Evo Morales tomó relevancia como uno de los principales dirigentes de la lucha. Capitalizando el proceso, se postuló en las elecciones y alcanzó la presidencia en el 2005. Al año siguiente, promulgó la ley “Héroes del Chaco” que (en los papeles) nacionalizó los recursos energéticos, expropió a las empresas del sector, impuso un impuesto directo sobre la producción y creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como empresa estatal que asumió la explotación de los yacimientos. En los hechos, la nacionalización fue «en boca de pozo»: el Estado era dueño del gas pero lo explotaban los privados, pero ahora con control de YPFB. Así, el Estado captó parte de las rentas generadas por el sector. Estos nuevos recursos dieron paso a un periodo de bonanza económica, que más bien resultó corto.
A partir de 2014, el precio internacional del gas natural comenzó a caer de forma sostenida, lo que redujo drásticamente los ingresos que Bolivia recibía por sus exportaciones, impactando directamente en la economía nacional, debido al problema no resuelto de ser un modelo dependiente de los precios de los commodities.
En paralelo, hubo una reducción de la demanda internacional de sus dos principales compradores: Brasil y Argentina. Ambos países comenzaron a diversificar sus fuentes de energía y a producir más gas por su cuenta. En el caso argentino, se impulsó la producción de Vaca Muerta, un yacimiento de gas no convencional, mientras que Brasil amplió su producción interna y desarrolló otras fuentes de energía, como la hidroeléctrica.
A estos elementos externos se sumó una gestión ineficiente y sin planificación: la falta de inversión en exploración y desarrollo limitó la capacidad del país para mantener la producción. Los gobiernos masistas han llevado adelante una gestión administrativa, burocrática y nada democrática del recurso. A esto se le agrega que no se han descubierto nuevos yacimientos de importancia y las reservas existentes han disminuido considerablemente.
Para tener una perspectiva clara, las exportaciones de gas natural pasaron de representar el 54% del total en 2013 al 18.8% en 2023, y, en cuanto a los ingresos, se estima una caída de 66%: en 2014 ingresaron US$6.011 millones y en 2024 bajó a US$2.050 millones. De esta forma, las finanzas estatales comenzaron a sufrir una escasez severa de recursos monetarios.
Cuando el auge se desploma, la inestabilidad es la norma. Este modelo, característico de los países dependientes, permitió avances parciales y muy limitados. Su declive evidencia las debilidades estructurales de una economía altamente subordinada a la explotación de un solo recurso. La falta de diversificación, la baja inversión en exploración y el cambio del contexto regional sólo han acelerado este proceso.
A las puertas de una crisis económica
Bolivia vive una crisis multifacética que impacta significativamente en la vida cotidiana de las personas. Desde hace más de un año hay una escasez persistente de combustible, el acceso a dólares es limitado y los aumentos en los precios son constantes.
Como respuesta a esto aumentaron las protestas en todo el territorio, golpeando al gobierno de Arce, quien argumenta que todo se trata de un plan para “desestabilizar y generar zozobra” y que la situación actual es transitoria.
El desabastecimiento de combustible es parte de una crisis estructural: la producción local es baja, se importa el 86% del diesel y el 56% de la gasolina. En ciudades importantes, como Santa Cruz, los requerimientos diarios son de 3,3 millones de litros de diesel y solo están llegando 700 mil litros.
A pesar de las subvenciones del gobierno, la inflación va en aumento (en enero fue de 12,03% interanual) y se estableció un mercado paralelo de divisas donde el dólar se cotiza hasta 70% más alto que el precio oficial.
Debido a la disminución de las exportaciones se produjo una caída en la entrada de divisas y una reducción de las reservas internacionales, las cuales se estima que, en el 2014, llegaban a US$15.000 millones, mientras que en la actualidad serían de apenas US$1.800 millones.
Esta situación mina el margen para cubrir las importaciones que requiere el país, principalmente de hidrocarburos. El gobierno apuesta por aumentar el endeudamiento externo en aras de conseguir fondos que le permitan paliar la crisis, lo cual solamente mitigaría el problema temporalmente, ya que no hay un plan para revertir las causas estructurales que lo provocan.
Durante la última década, Bolivia transitó un camino irregular en cuanto a su deuda. La deuda externa, entre el 2015 y el 2020, registró un aumento constante, pero moderado, llegando a un pico del 33% del PIB en ese último año. Posteriormente, entre el 2021 e inicios del 2024, hubo una disminución relativa pues bajó al 26,9% del PIB, pero que en términos nominales representó unos US$13.000 mil millones. A partir de mayo del año pasado se observa nuevamente un aumento, que se hace patente al considerar que, para el 2025, el servicio de la deuda consumirá el 6% del presupuesto estatal.
Por su parte, la deuda interna estuvo estable entre el 2015 y el 2019. A partir de ahí comenzó un aumento significativo que llegó a sus máximos históricos en 2024, cuando se acercó al 20% del PIB, con un financiamiento récord por parte del Banco Central (BCB), que otorgó préstamos al sector público por un total de US$19.819 millones de dólares.
En cuanto al déficit fiscal, en el mismo periodo osciló entre el -6,9% del 2015 y el -13,1% del 2020 (en 2024 se colocó en -10,5%). Esto se explica por una estructura tributaria completamente regresiva que está sustentada casi en su totalidad en impuestos indirectos.
Según la OCDE, en 2022 las tres principales fuentes de ingresos tributarios fueron: impuestos sobre bienes y servicios (IVA) con el 31%, cotizaciones a la seguridad social (24%) y otros impuestos sobre bienes y servicios (21%). En contraparte, solo el 16% es sobre rentas y propiedades (14% de la renta de sociedades, 1% de la renta de personas físicas y 1% a impuestos sobre la propiedad).
