El Banco Mundial anunció el 24 de febrero de 2025 la suspensión de estudios hidrogeológicos que los gobiernos de Jujuy y Salta planeaban realizar en sus territorios, tras un planteo que denunció la falta de consulta previa. La decisión sacude los proyectos mineros de litio en la región y pone en jaque la gestión interprovincial.
El conflicto arrancó el año pasado, cuando las comunidades iniciaron acciones penales por la aprobación de exploraciones mineras sin su aval. En agosto de 2024, ambas provincias crearon la Comisión Interjurisdiccional para la Gestión Integral Ambiental de la Cuenca, con el fin de estudiar los recursos hídricos y establecer una línea de base ambiental. Sin embargo, las comunidades fueron excluidas del proceso, pese a que el acuerdo fue presentado ante la Corte Suprema como respuesta parcial a un reclamo de 2019 liderado por ellas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La abogada Alicia Chalabe, representante legal de las comunidades, explicó el trasfondo: “Jujuy y Salta convirtieron ese compromiso en ley provincial y pidieron al Banco Mundial colaboración técnica para recopilar datos hídricos. Pero nos enteramos por la prensa, no por consulta directa”. Tras una reunión con un referente del organismo y varias notas enviadas, las comunidades lograron que el Banco Mundial reconociera su voz. “Nos respondieron que no se avanzará sin cumplir estándares internacionales de derechos indígenas, como la consulta previa, libre e informada”, detalló Chalabe.
La medida frena los estudios hasta que las provincias incluyan a las comunidades en la mesa. “No teníamos control sobre la información que recolectaban ni los estudios que podían hacerse. Ahora, el Banco Mundial dice que somos actores fundamentales”, agregó la letrada. El organismo notificó a fines de noviembre su decisión, exigiendo participación indígena antes de cualquier paso.
Este revés expone las tensiones entre los intereses extractivos y los derechos de los pueblos originarios, mientras el litio sigue en el centro del debate. Las comunidades celebran un triunfo parcial, pero el camino hacia una gestión inclusiva aún está por definirse.
