El gremio CEDEMS, liderado por su asesora legal Lorena Mamani, calificó la situación como “ilegal, ilegítima e injusta”, acusando al Ministerio de Educación de intentar excluir a los afectados del Listado Único de Orden de Mérito (LUOM) sin un proceso claro.
Todo comenzó en enero, cuando una resolución ministerial alertó sobre documentación dudosa –títulos, capacitaciones, incluso carnets sanitarios y antecedentes penales– que habría sido presentada por docentes. “El Ministerio se arrogó la facultad de decidir qué es válido y qué no, algo que le compete a la Justicia”, disparó Mamani. Según el gremio, la cartera educativa buscó sacar del sistema a los docentes sin agotar instancias administrativas ni iniciar sumarios, dejando de lado el derecho a defensa.
“Es injusto ir por los de abajo mientras se ignoran las responsabilidades mayores. ¿Quién expidió estos certificados? ¿Cómo se armó este negocio?”, cuestionó la abogada, señalando una trama que el CEDEMS exige investigar a fondo. La presión del gremio logró que el Ministerio retrocediera parcialmente: ahora, los docentes señalados con asteriscos en los listados tuvieron hasta el viernes pasado para presentar descargos. “Instamos a que ejerzan sus derechos”, afirmó Mamani.
Para CEDEMS, el caso refleja desigualdad: “Hay docentes que invirtieron tiempo y dinero en sus títulos, y otros que no. Esto no se puede avalar”. El gremio insiste en que apuntar solo a los trabajadores es “lo más fácil” y pide claridad sobre las autoridades detrás de las irregularidades. “Que un docente quede sin trabajo por esto, sin una investigación seria, es intolerable”, cerró Mamani, dejando en el aire un reclamo que promete escalar.
