La jueza Dra. Carina Gregoraschuk del Juzgado Federal de Jujuy, dictó prisión preventiva a los cuatro gendarmes, tras imputarlos por “homicidio doblemente agravado” por cuatro meses, donde se investiga la muerte de Ivo Rodrigo Torres. Paralelamente, en Barrancas la familia del joven asesinado, realizaba el sepelio en la puna jujeña.
El fiscal Dr. Jure hizo el pedido de prisión preventiva de los cuatro gendarmes del Escuadrón 21, La Quiaca que se encuentran detenidos desde el jueves tras la muerte del joven Torres de 22 años que se transportaba en su moto de bajas cilindradas, llevaba hojas de coca y turrón. Fue perseguido por un móvil de gendarmería en el barrio Pradera en el sur de la ciudad fronteriza y ultimado a tiros.
En la extensa audiencia virtual durante la mañana de este domingo, declararon: el subalférez Alexander Gunther, el cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski y la cabo Juliana Enciso. Mientras que el sargento Walter Álvarez no declaró.
El abogado Sebastián Espada representa a la familia de Torres, y en la semana conformara la querella, estuvo en la audiencia, destacó la celeridad de la justicia ante un caso gravísimo de violencia institucional.
Espada relató que las declaraciones de los efectivos de gendarmería fueron inconsistentes, “se notaba el encubrimiento entre ellos. La jueza ordenó en virtud del entorpecimiento de la investigación y las propias incongruencias, hasta tanto se cumpla con la investigación que los cuatro cumplan prisión preventiva”.
Por otra parte había trascendido que los disparos fueron del gendarme Álvarez: “sí, él sería el que realizó los disparos y los otros tres son partícipes necesarios del delito”.
El principal imputado tendría un revólver con 15 cartuchos de bala y le faltaban 9, en este sentido el abogado dijo que: “son 9 los disparos que sostenemos que dispararon a joven Torres” afirmó el abogado debido que dos disparos fueron al cuerpo así lo revela la autopsia, en tanto que siete fueron a la motocicleta.
“La jueza muy bien, tomó el caso con la importancia que requiere y cuando dictaba la sentencia, la calificación legal, la medida coercitiva, dejó entrever que no es posible que en esta sociedad frente a esta situación” en la ciudad fronteriza “no hay motivo para que un miembro de las fuerzas de seguridad saque un arma y empiece a disparar. Ni preventivamente ni nada no está acreditado que él (Torres) haya tenido un arma de fuego”, señaló el abogado tras la audiencia.
Mientras que “la hipótesis de que el joven se haya resistido o hubo un forcejeo está descartado porque el tiro que lo termina matando es por la espalda, por eso es la alevosía” remarcó ante la caratula de la causa.
Si bien en la semana el abogado Espada se constituirá formalmente como querellante, revisará el legajo penal y ver si falta algún medio de prueba. Dejo trascender la importancia de los testimonios del personal sanitario que intervino en el caso. “Acá se nota el encubrimiento desde un principio, porque tengo entendido que se llama al SAME por un derrape de moto. Cuando se habla a todas luces que era por una persona que recibió un impacto de arma de fuego”. Así es que destacó que “es importante porque el protocolo del SAME es diferente para un caso o para el otro” diferenció el abogado que investiga el hecho.
En tanto resaltó que la investigación que inició el Ministerio Público de la Acusación de la provincia con asiento en La Quiaca fue certero. “Soy bastante crítico de las actuaciones del MPA, pero en este caso la contundencia de la causa tiene que ver con que se pudo recolectar los cartuchos de bala en el lugar. Sobre todo porque Gendarmería quiso intervenir y tengo entendido que fue el MPA que les dijo que: ‘uds. No van a hacer las pericias acá’”.
También explicó que el informe que envía Gendarmería hace referencia que habría realizado un disparo de carácter preventivo, relato que no se condice con la realidad.
Fue importante que se aparte a Gendarmería Nacional en la investigación y las investigaciones preliminares del MPA permitan la contundencia de responsabilidad que tuvieron los gendarmes.
En una extensa audiencia quedó formalizada la acusación y las estrategias de la defensa quedaron descartadas cuando hablaron de un forcejeo y de un disparo preventivo.
“El caso es de una trascendencia importantísima, así lo sentimos nosotros, es inadmisible que haya una persona por no obedecer una orden de ¡alto! reciba 9 balazos, es inconcebible. El joven no tenía pedido de captura, ni arma ni nada. La idea es que además de buscar justicia es la toma de conciencia de las fuerzas de seguridad hasta dónde pueden avanzar sobre los derechos de los particulares”, interpelo el abogado ante el caso que ha conmocionado a la comunidad.
