La desaparición el pasado 8 de diciembre de cuatro menores, uno de 11 años, dos de 14 y uno de 15, aumentó la presión sobre el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, desde el pasado fin de semana ante la presunta implicación de uniformados.
Los padres de Josué e Ismael Arroyo, de Saúl Arboleda y Steven Medina, los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil desde el 8 de diciembre, acudieron hoy al centro forense de esa ciudad tras el hallazgo de cuerpos en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia en el río Taura, en la parroquia rural del cantón Naranjal.
El descubrimiento fue realizado en un recinto conocido como Casa de Zinc, ubicado a 16 kilómetros de la Base Aérea de Taura, el recinto militar al que los trasladaban los 16 militares que hoy son investigados por desaparición forzada y quienes aseguran –según su defensa– dejaron abandonados a los menores de entre 11 y 15 años en medio de la vía.
El hallazgo de cadáveres incinerados sucedió el 24 de diciembre. Por ahora se ha indicado que las identidades no pueden ser confirmadas.
Fotografía del 23 de diciembre de 2024 que muestra dos personas sosteniendo un cartel en los exteriores de la Fiscalía Provincial del Guayas con el mensaje «devuelvan a nuestros niños», en alusión a los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre en Guayaquil (Ecuador). EFE/Cristina Bazán
De acuerdo con la periodista Karol Noroña, los análisis de ADN para determinar si los restos corresponden a los menores tomarán entre 30 y 40 días. Mientras tanto, los equipos investigativos están realizando análisis antropológicos para intentar identificar a las víctimas. Esta metodología, según la Comisión de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH), es un proceso que podría brindar resultados. Según Noroña, se podría tener algún resultado preliminar entre el viernes 27 y el lunes 30 de diciembre, dependiendo de la viabilidad del examen.
El estado de los cuerpos, que fueron hallados maniatados y quemados, ha dificultado la posibilidad de realizar pruebas necrodactilares, método habitual en este tipo de identificaciones, según Noroña.
El dolor de los familiares es palpable, pero han pedido que no se adelanten criterios hasta que los resultados sean concluyentes, de acuerdo con lo publicado por Noroña. Los padres, acompañados por representantes del CDH, quienes los han asistido, fueron informados sobre los procedimientos y tiempos que implican las pruebas, según la CDH indicó a Infobae. Además se señaló a este medio que los padres “no harán reconocimiento de cuerpo” por las condiciones de estos.
El análisis antropológico que se está llevando a cabo es una técnica ampliamente utilizada en contextos de violencia extrema, como en las masacres carcelarias, donde las víctimas suelen ser sometidas a métodos de ocultamiento como la incineración. Este proceso permite, en ciertos casos, obtener información clave a partir de los restos óseos, siempre que las condiciones lo permitan.
La incineración es utilizada como un método de ocultamiento en contextos criminales y de violencia extrema porque destruye evidencia física que podría ser clave para identificar a las víctimas o rastrear a los responsables. Este procedimiento elimina tejidos blandos, complica la extracción de ADN, borra huellas dactilares y dificulta determinar la causa de muerte. Además, reduce las posibilidades de asociar los restos con un lugar específico, lo que complica las investigaciones judiciales.
El hallazgo de los cuerpos se produjo en un contexto de creciente presión social y judicial. La jueza constitucional Tanya Loor Zambrano declaró, este 24 de diciembre, la desaparición forzada de los cuatro menores y responsabilizó al Estado ecuatoriano por la vulneración de sus derechos. Además, ordenó una serie de medidas de reparación integral, incluyendo la activación de protocolos de búsqueda y la creación de una comisión independiente para investigar el caso.
