La provincia de Salta mantiene su política de cobrar por la atención médica a ciudadanos extranjeros, medida que fue instaurada por un decreto del gobernador Gustavo Sáenz y ratificada por la Legislatura local.
En este contexto, el gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, recibió una solicitud de la cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, quien buscaba negociar nuevos convenios para revisar esta medida. No obstante, Valenzuela dejó en claro que el pedido no tenía posibilidad de ser aceptado.
Valenzuela informó a Huanca que su solicitud estaba fuera de lugar y comparó la situación con una hipotética petición de que no se cumpla la ley en su propio país. La reunión, que tuvo lugar el 13 de agosto, fue solicitada por el consulado boliviano, que pretendía discutir la posibilidad de aranceles diferenciados para los ciudadanos bolivianos, quienes han expresado quejas debido al reciente cobro.
El funcionario sugirió a la cónsul que dirigiera su reclamo al gobierno boliviano, liderado por el presidente Luis Arce, y propuso que el consulado podría solicitar presupuesto para cubrir los costos. «Los aranceles están establecidos por la ley provincial 8.421, y nuestra obligación es aplicarla», reafirmó Valenzuela.
Desde la implementación de los aranceles, el número de pacientes extranjeros en el hospital ha disminuido drásticamente. Valenzuela informó que la cantidad de personas atendidas semanalmente pasó de 300 a un promedio de 5, con días en los que no se registran visitas de pacientes extranjeros.
La medida afecta a tratamientos específicos, consultas con especialistas y prácticas quirúrgicas. Sin embargo, el servicio de urgencias en casos de riesgo vital sigue siendo gratuito. En la intendencia de Orán, una de las áreas fronterizas con Bolivia, la aplicación de los aranceles ha permitido un ahorro de 60 millones de pesos en lo que va del año.
