Todo está en juego, desde la presidencia hasta el último concejal de un municipio de población rural: Uruguay inicia un ciclo electoral en el que renovará todas las autoridades políticas por cinco años y los partidos políticos se preparan para una carrera electoral de resultado incierto.
El presidente Luis Lacalle Pou empezó este mes su último período de gobierno y cuenta con amplio respaldo popular de aprobación, pero en Uruguay no hay reelección, y es el partido de oposición, Frente Amplio, el que lidera las encuestas de intención de voto, una situación que abre interrogantes sobre cómo continuará este año político.
”En estas instancias que se vienen y que sube la efervescencia política hay que ayudar a cuidar nuestra democracia que es una construcción sucesiva de los partidos políticos y la sociedad civil”, dijo Lacalle Pou en su discurso anual en el Palacio Legislativo ante senadores, diputados, expresidentes y autoridades de todos los partidos.
El mandatario agregó que “eso que cuesta tanto construir, es muy fácil que se destruya”, lo cual se ve “en otras naciones”.
Lacalle Pou asumió el 1º de marzo de 2020, menos de dos semanas antes de que se desatara la emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19, y entregará el mando en la misma fecha del año próximo.
”El escenario electoral luce altamente competitivo, con los dos bloques políticos con chances reales de ganar el poder”, dijo a LA NACION el politólogo Ignacio Zuasnabar, que dirige las encuestas de Equipos Consultores, que contrata tanto gobierno como oposición.
Hay fundamentos para ver una buena chance de uno y otro bloque, lo cual solo suma adrenalina en esta carrera. ”Las expectativas de continuidad del oficialismo están sustentadas en un humor social moderadamente positivo respecto a la marcha del país y de su economía, y en los altos niveles de aprobación del presidente”, añadió el analista de opinión pública.
En tanto, para Zuasnabar, “las expectativas de cambio en favor del Frente Amplio se centran en la amplitud de su base social”, en que “continúa siendo el principal partido del sistema”, así como “en el recuerdo de balance positivo que sus gestiones anteriores dejaron en la población, y en algunas áreas de insatisfacción respecto al actual gobierno”.
En cualquier caso, el “uruguayo medio” no parece demasiado consternado por la decisión a la que se enfrentará a fin de año. Tanto la continuidad del oficialismo como un eventual retorno del Frente Amplio no generan un escenario de temor a lo desconocido. Una rareza, comparado con lo que se vive en la mayor parte del mundo.
Tras un verano acotado para descanso y recuperar fuerzas, los partidos largan su campaña electoral para un ciclo intenso.
El presidente cuenta con una aprobación de más del 40%, con variaciones según la encuestadora, y un rechazo de poco más del 30%. Sin embargo, curiosamente, el opositor Frente Amplio lidera la intención de voto con más de 40% y para la mayoría de la población aparece como el favorito para ganar.
Un calendario cargado
El 30 de junio serán las primarias, internas, abiertas, simultáneas y voluntarias en las que habitualmente vota menos de la mitad de los 2,7 millones de uruguayos habilitados. Son “primarias” porque cada partido elige su único candidato presidencial y son “internas” porque también se vota a sus autoridades (Convención Nacional de 500 miembros y Convenciones Departamentales). Cualquier ciudadano, sin estar afiliado, puede emitir su sufragio, y se realizan el mismo día para todos los espacios.
De ahí salen las fórmulas presidenciales y, de alguna manera, las listas de cada partido para el 27 de octubre, día de las elecciones nacionales, cuando se votará para presidente, las 30 bancas del Senado y los 99 diputados de la Cámara de Representantes. Si ningún candidato presidencial alcanza la mayoría absoluta, el 24 de noviembre habrá ballottage. Estas dos elecciones son con voto obligatorio.
El 27 de octubre habrá además un plebiscito sobre seguridad pública y se están recolectando firmas para otras consultas, sobre jubilaciones y pensiones, regulación de créditos, contratos internacionales y la designación de la Fiscalía General.
