Aprueban prórroga para el resguardo de zonas fronterizas en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta

La ministra del Interior, Carolina Tohá, precisó que los ingresos irregulares disminuyeron un 21% durante el año 2023.

Por 41 votos a favor y una abstención, el Senado dio su apoyo a una nueva prórroga para el resguardo de áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.

Según la información consignada por el senado.cl, la medida regirá por 90 días más, y debe ser ratificada por la Cámara y según se desprende del oficio presidencial, “ha promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las fuerzas armadas y el gobierno, tenido positivos efectos en la detección de ingresos irregulares por pasos no habilitados”.

En la oportunidad la Sala acordó “dar un tratamiento similar al que se le da al estado de excepción constitucional de la macrozona sur”, autorizando las sesiones secretas de las Comisiones de Defensa y Seguridad, unidas, para que puedan recibir información y detalles de los avances.

Por su parte, la ministra del Interior y Seguridad Publica, Carolina Tohá, entregó cifras globales y precisó que “terminamos el 2023 con un 21% de reducción de los ingresos irregulares; un incremento de reconducciones exitosas del 113%; 22% menos homicidios en la zona; y un aumento 2% de los delitos de mayor connotación social”.

Tohá señaló que se ha llevado adelante el proceso de empadronamiento y “debiéramos llegar a 190 mil personas empadronadas (…) Ellas son las únicas que, potencialmente, podrán postular a una regularización, pero eso no significa que la 190 mil se van a regularizar, sino que será acotado (…)”.

Pese al respaldo, senadoras y senadores indicaron que las medidas aún “son insuficientes”, pues “las Fuerzas Armadas no tienen las atribuciones” necesarias y las “debilidades de Colchane han sido aprovechadas por las bandas de crimen organizado”.

En este marco, la senadora por la región de Tarapacá Luz Ebensperger y el senador José Miguel Durana, cuestionaron las cifras entregadas desde el Ejecutivo