El dictamen de mayoría que La Libertad Avanza finalmente logró aprobar en la madrugada del miércoles en el plenario de comisiones de Diputados, mantuvo la potestad del Poder Ejecutivo de renegociar o rescindir contratos vigentes con el Estado, entre los cuales se encuentran los de obra pública. El artículo 33 del texto original de la Ley Ómnibus había encendido alarmas en los gobernadores, entre otros motivos, por la posible paralización de obras financiadas por la Nación en sus provincias. A la preocupación de los mandatarios, se sumaron las objeciones de la oposición dialoguista por la amplitud de las facultades de revisión de contratos que le otorgaba al Presidente, el mensaje de “inseguridad jurídica” que daba, así como la litigiosidad que podría generar “por la responsabilidad contractual”.
Ese artículo 33 -que pasó a ser el número 28 en el dictamen que recogió 55 firmas del oficialismo y aliados- involucra, además de los contratos para la provisión de bienes y servicios, concesiones y construcción de obras públicas. Su alcance abarca tanto a las que están en ejecución como las que no tenían avance físico al finalizar la anterior gestión, pero que ya estaban licitadas. El argumento esgrimido por el gobierno de Javier Milei para revisar o rescindir los contratos es que le habrían “generado un perjuicio al Estado”. Si bien tanto los integrantes del PRO, como la UCR y el bloque de Hacemos Coalición Federal acompañaron con su firma en general, presentaron 34 disidencias parciales. Entre ellas, una referida a este artículo contenido en el capítulo VIII de Contratos Vigentes, que no está en el paquete fiscal que el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que retirarán del dictamen.
El artículo referido a los Contratos Vigentes tuvo tres modificaciones en relación al original, a pedido de la oposición acuerdista. Por un lado, limitó los contratos sujetos a revisión o rescisión a los que “generen erogaciones significativas a cargo del Sector Público Nacional”, pero sin especificar qué monto se considerará “significativo”.
También incorporó, a pedido de la UCR, que exista un dictamen previo de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) antes de la posible rescisión o renegociación, y excluyó a los que cuenten con financiamiento internacional. Entre los bloques opositores acuerdistas apuestan a que, de acá a la sesión del martes, haya cambios. “Nuestras disidencias se las manifestamos al oficialismo en la inteligencia de que muchas se resolverán antes de llegar al recinto”, le dijo Cristian Ritondo, jefe de esa bancada
En línea con lo reclamado por los diputados dialoguistas, la reescritura del artículo limitó el alcance de la revisión de los contratos firmados antes del 10 de diciembre, excluyendo suministros, compraventa y consultorías, entre otros. Pero mantuvo las concesiones y licitaciones de obra pública. Ante el pedido opositor de “una versión más acotada”, el oficialismo prometió una nueva versión del artículo que estaría este fin de semana. En la oposición dialoguista mantienen la cautela y están a la espera de una nueva versión antes de la sesión. De hecho, el viernes circuló un borrador no oficial con una reescritura de ese artículo que incorporó “respetar los derechos adquiridos de los contratistas”.
En la Coalición Cívica (CC) directamente no incluyeron ese artículo en el dictamen de minoría que decidieron presentar por su lado. “Es muy amplia e indeterminada su redacción, más allá de que podría haber casos en que hay que renegociar contratos, pero con alguna garantía de que sea en beneficio de la administración. De hecho, excluyeron los contratos de consultoría que es algo que muchas veces esconde actos de corrupción”, sostuvo Juan Manuel López, presidente del bloque de la CC ante Infobae.
Según el análisis realizado por Infobae del Mapa de Inversiones on line implementado por el ex Ministerio de Obras Públicas, el total de obras públicas durante la anterior gestión asciende a 7.276 en todo el país financiadas por el Gobierno nacional. El número incluye a las de AySA, Vialidad Nacional, Corredores Viales SA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Dirección Nacional de Infraestructuras del Transporte, entre otros organismos. De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al terminar la gestión anterior, según informaron desde esa cartera a cargo de Gabriel Katopodis hasta el 10 de diciembre de 2023.
Otras 2.185 obras estaban en ejecución, con una inversión prevista de $309.899 millones. Sin embargo, 435 no tenían avance físico, o sea no habían comenzado las obras al 6 de diciembre último, según los datos publicados en ese sitio web oficial. Son las que, desde La Libertad Avanza, habían adelantado que el Estado no llevaría adelante por falta de recursos, pese a haber sido licitadas. Quedan exceptuadas las 10 en ejecución que contaban con financiamiento externo.
