Javier Milei ordenó a la ministra Patricia Bullrich que intimara cuanto antes a los sindicatos que organizaron la protesta de la CGT del 27 de diciembre para que paguen los costos del operativo desplegado ante el Palacio de Tribunales. ¿Por qué lo hizo? En la CGT creen que fue una decisión que se tomó en el Gobierno después de las declaraciones de Pablo Moyano acerca de que el objetivo del gremialismo peronista es “voltear” el DNU y la Ley Ómnibus.
Por eso, estiman los gremialistas, el presidente le contestó duramente al dirigente del Sindicato de Camioneros al publicar este jueves en las redes sociales un mensaje en el que lo calificó como uno de los “enemigos de la reforma”, de “los que quieren voltear la ley para que nada cambie, para mantener sus privilegios”.
En el sindicalismo entienden que hay una relación de causalidad entre la frase amenazante del hijo de Hugo Moyano, el enojo de Milei y la instrucción que recibió la ministra de Seguridad de exigirles a los dirigentes gremiales el pago de 40 millones de pesos por la movilización para rechazar el DNU que incluye la reforma laboral.
Es lo que transmiten en la cúpula cegetista para explicar por qué el Gobierno sigue endureciendo su postura contra el sindicalismo y cortó todo tipo de diálogo para tratar de encarrilar la relación. “Ahora sí la pelea es a todo o nada”, interpretan en la central obrera acerca de lo que desatará la actitud de Milei, que por primera vez se involucró personalmente en el choque con la dirigencia gremial.
¿Hasta dónde llegará la disputa entre el jefe del Estado y la CGT? Ahora queda claro que el ala dura del Gobierno no decidió de manera inconsulta echar a Horacio Pitrau de la Subsecretaría de Relaciones Laborales (el segundo peldaño de poder en la Secretaría de Trabajo), haciéndolo responsable de promover una estrategia negociadora con el sindicalismo. Detrás de la ofensiva del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y de Federico Sturzenegger, el cerebro de las reformas libertarias, está el propio Milei.
Para los sindicalistas, todo indica que crecerá el escenario de máxima tensión entre el Gobierno y el gremialismo luego de que se conoció el DNU 70 que contempla la reforma laboral. Lo que sucedió desde entonces fue una escalada de hechos que agravaron la pelea. Molesta porque los cambios laborales fueron más duros de lo que había prometido Guillermo Francos, ministro del Interior, la CGT inició una embestida a dos puntas: por un lado, hizo una presentación judicial contra el DNU, que ya logró frenar su aplicación gracias a que la Justicia del Trabajo dictó una medida cautelar, y, por otro, decidió romper cuatro años de pasividad con un paro de 12 horas con movilización al Congreso que se hará el 24 de enero.
El desplazamiento de Pitrau simbolizó el final de las estrategias desplegadas desde la Secretaría de Trabajo, encabezada por Omar Yasín, para dividir a los sindicalistas y debilitar la huelga. La principal de las jugadas de las autoridades laborales fue haber logrado, en en medio de las tensiones con la CGT por la reforma laboral que figuran en el DNU, el acercamiento del titular del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, quien maneja el gremio más numeroso del país, con 1.200.000 afiliados.
El decreto de Milei puso límites a las cuotas solidarias, un sistema adicional de recaudación sindical a través de los convenios colectivos, al establecer que podían cobrarse sólo si había un “consentimiento explícito” de los trabajadores. La clave de ese recurso de financiamiento de los sindicatos es justamente que una vez que se pacta con los empresarios en los convenios se descuenta un porcentaje determinado de los salarios a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no.
Tras alertar que ese cambio en las cuotas solidarias iba a llevar a “la quiebra” a su sindicato, Cavalieri se reunió con la ministra Pettovello para plantear su reclamo sobre las cuotas solidarias y obtuvo la promesa oficial de una solución a su reclamo. En rigor, le dijeron que, a pedido de él, podía emitirse un dictamen de interpretación para que siguiera cobrando sin cambios las cuotas solidarias.
Yasín y Pitrau imaginaron esa jugada como una forma de meter una cuña en el mundo sindical porque cada dirigente se vería obligado a gestionar una audiencia para pedir el mismo dictamen que había obtenido Cavalieri, ya que esa decisión oficial no tendría alcances generales. En el fondo, era una forma de intentar debilitar a una CGT que empezaba a pintarse la cara contra el Gobierno, sacándole respaldos como, en este caso, el del gremio más numeroso de la Argentina.
Patricia Bullrich exigió a los sindicatos el pago de 40 millones de pesos para cubrir los costos del operativo en el acto del 27 de diciembre (Foto
Europa Press)
Patricia Bullrich exigió a los sindicatos el pago de 40 millones de pesos para cubrir los costos del operativo en el acto del 27 de diciembre (Foto Europa Press)
Pero, además, Cavalieri le anunció a Pettovello su decisión de adherir desde su convenio al nuevo sistema de indemnizaciones previsto en el DNU con la creación de un Fondo de Cese Laboral como el que rige en la UOCRA. Esa decisión iba a ser imitada por otros importantes sindicatos.
Sin embargo, el acuerdo entre Pettovello y Cavalieri desató una tormenta en el Gobierno. Primero fue Sturzenegger quien le planteó a la ministra su rechazo a la decisión que benefició a Cavalieri para el cobro de las cuotas solidarias. De una primera charla entre ambos surgió un encuentro presidido por el jefe de Gabinete, acompañado por dos abogados laboralistas de perfil duro que elaboraron la reforma laboral libertaria, Miguel Angel Ponte y Julio Cordero, vinculados con el Grupo Techint.
