El gesto moderado de Hugo Moyano. Silencio sindical por los cambios para las obras sociales
Ningún dirigente de la CGT imagina la posibilidad de levantar el paro de 12 horas con movilización al Congreso que se decidió la semana pasada, aunque hay canales inorgánicos de diálogo que se establecen con el Gobierno (y que no registran avances). El problema para el sindicalismo es que asegura no encontrar “interlocutores confiables” en el oficialismo y que, además, el mensaje que recibe reservadamente es muy claro: “Si se mantiene el paro, el Presidente no recibirá a la CGT”.
Por eso en ambos sectores se instaló la certeza de que la primera huelga general contra Javier Milei es inevitable. A esta altura del conflicto, el dilema es qué pasará al día siguiente del paro. La Casa Rosada no puede aflojar un centímetro sin que su posición se interprete como una rendición incondicional. La CGT tampoco, pero arriesga mucho más: ¿qué hará si el Presidente no cede? ¿Paros generales de 24 horas, de 48 horas o por tiempo indeterminado? “Si seguimos así, vamos a terminar en una toma de rehenes para que nos den bolilla”, bromeó un dirigente del sector dialoguista.
Como no midieron los tiempos y están quemando etapas a 20 días de que asumió Milei, los dirigentes cegetistas quedaron en una encerrona. El mandatario todavía tiene muy buena imagen en la sociedad mientras que los sindicalistas están en los peores lugares en ese ranking y, para colmo, cargan con haber tolerado 4 años de inflación, pobreza y bajos salarios en el gobierno de Alberto Fernández sin una sola protesta. Siempre quedará la duda: si hubieran sido tan implacables contra el ex presidente, ¿se podría haber evitado la crisis económica y social que dejó el Frente de Todos?
A principios de diciembre, un dirigente gremial como Facundo Moyano se preguntó con qué autoridad protestan los dirigentes de la CGT “si muchos estuvieron callados durante todo este tiempo o fueron parte del fracaso”. “La política se mide por los resultados: hay 150 de inflación y 50 de pobreza. Fracasaste”, dijo en una entrevista con La Nación, con la mira puesta en la cúpula cegetista.
La CGT estrenó su condición de inflexible ante un DNU que calificó de inconstitucional, aunque sus dirigentes venían negociando con Guillermo Francos, ministro del Interior, una reforma laboral módica y casi inofensiva para la supervivencia del poder sindical. Pero como no fue lo que se plasmó finalmente en el texto del decreto (por culpa de Federico Sturzenegger, se quejan), se desató la guerra. El decreto pone en jaque a las cuotas solidarias, ese recurso de recaudación adicional de los sindicatos que se generalizó en los años noventa para compensar la pérdida de aportes producida por la desafiliación: en el artículo 73 se obliga a los gremios a recibir el pago de las cláusulas solidarias “sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”.
