Delfín Reynaldo Castedo llegó a convertir buena parte de la frontera caliente entre Bolivia y la Argentina en una suerte de estado dentro del estado. Un reino que utilizó con fines espurios, para garantizar el tránsito de drogas, lo que le valió el mote de “El Patrón del Norte”. Condenado por narcotráfico y por lavado de dinero, y recientemente por el asesinado de una productora rural que se animó a oponerse a sus designios criminales, ahora sufrió un nuevo revés.
La Justicia federal de Salta resolvió el decomiso definitivo del 95 % de la finca El Pajeal, ubicada en Salvador Mazza, parte de las miles de hectáreas en las que “ejerció su absoluto señorío”, tierras que se convirtieron en un “instrumento por antonomasia del accionar delictivo de la asociación ilícita” liderada por Castedo. Lo que suceda con el 5% restante quedó a la espera de lo que se resuelva en un litigio iniciado por un puestero que alega, por cuestiones hereditarias, derechos posesorios.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta hizo lugar a un pedido de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del NOA, representada por el fiscal general Carlos Martín Amad, y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) de la Procuración General de la Nación.
Era una resolución pendiente del juicio en el que Castedo fue condenado, el 7 de diciembre de 2022, a 16 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. Según informó el Ministerio Público en su portal fiscales.gob.ar, en ese proceso también fueron condenados Raúl Castedo –hermano de Delfín– y el martillero público Eduardo Torino, a nueve años de prisión. Los comerciantes Alberto y Luis Yudi recibieron una pena de siete años de cárcel; Melba del Carmen Araujo –expareja de Castedo– fue sentenciada a cinco años y Mario Alberto Yudi, hijo de Alberto, recibió tres años de prisión por lavado de activos.
Hace un año, el TOF 1 de Salta había diferido una decisión en torno al decomiso de las más de 4000 hectáreas de El Pajeal, aunque sí había expropiado en favor del Estado nacional las 19.954 hectáreas de la finca El Aybal. Ambas, en el límite con Bolivia, tenían una extensión superior a la de la Capital Federal.
La postergación se debía a la necesaria resolución de una serie de planteos realizados respecto a la titularidad de la finca El Pajeal, principalmente por parte de hijos del exdiputado provincial Ernesto Aparicio, quien había sido socio de Delfín Castedo en el narcotráfico hasta su muerte, el 10 de noviembre de 2013.
La investigación judicial determinó que El Pajeal tenía una ubicación “estratégica para la provisión de cocaína”, pues la parte posterior de la propiedad, con una extensión de 7 kilómetros, colinda con Bolivia.
“Quedó plenamente probado que El Pajeal constituyó el instrumento por antonomasia del accionar delictivo de la asociación ilícita liderada por Delfín Castedo. En efecto, se trató del inmueble rural utilizado dolosamente como medio necesario para la comisión de la conducta delictiva”, sostuvo el tribunal. En su plan estratégico, el clan Castedo adquirió luego la finca vecina El Aybal.
El decomiso
El inmueble “fue utilizado como instrumento para cometer los delitos por los cuales fueron condenados los hermanos Castedo y otros integrantes de ese clan”, consideraron los jueces. El tribunal destacó el movimiento de lavado de activos alrededor de la finca, pues el inmueble pasó de una producción de 400 cabezas de ganado a más de 1700, además de la compra de gran cantidad de maquinarias.
Para los jueces, “el clan Castedo, pese a la detención de su líder, siguió operando bajo las estrictas instrucciones de Delfín Castedo”, el 22 de julio de 2016, lo que surge de las evidencias presentadas por la fiscalía en el juicio, entre ellas conversaciones telefónicas captadas en el marco de la investigación.
“Castedo pudo seguir operando desde la cárcel merced a su propio financiamiento económico, pero, sobre todo, gracias a su posición en El Pajeal, que nunca abandonó.
