Desde que el 20 de septiembre 2023 arrancó la puesta en escena del régimen venezolano con la toma del Centro Penitenciario de Aragua, ubicado en Tocorón, una cárcel a dos horas de Caracas, tres hechos fueron evidentes: la operación era del conocimiento de los líderes de la banda El Tren de Aragua, que abandonaron el lugar mucho antes, a través de un túnel, con centenares de presos. El Gobierno desplegó una fuerte propaganda tratando de demostrar la eficiencia de la operación, donde el único muerto, por un supuesto golpe en la cabeza, fue un oficial. El otro hecho relevante es que Tocorón era la primera, pero no la única cárcel que sería tomada, en ninguna estaban los pranes, las armas más importantes, la droga ni el dinero.
El Ministro de Interior Justicia y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso, anunció que en la toma de Tocorón participaron unos once mil efectivos militares y de seguridad, sin que hubiese mayor resistencia. El esquema de Tocorón, se repitió en casi todas las tomas de los penales de Tocuyito en Carabobo, Centro Penitenciario Puente Ayala en Anzoátegui, Internado Judicial de La Pica en Monagas, cárcel de Vista Hermosa en Bolívar, La Cuarta como se conoce al Internado Judicial de San Felipe en Yaracuy y La Sexta que es el Internado Judicial de Trujillo. Aun no explican cómo y dónde obtuvieron los presos el gran lote de armas y municiones que poseían y que las más importantes se las llevaron consigo.
“La intención del gobierno, con las tomas de las cárceles con aviso previo a los pranes sin hechos violentos, es enviar un mensaje positivo como respuesta al tema de los DDHH en expedientes que están sustanciados en la Corte Penal Internacional (CPI)”, le dice a Infobae un oficial que durante años se ha relacionado con el Sistema Penitenciario venezolano y órganos de inteligencia y seguridad.
“Las imputaciones a los encargados o responsables de los penales, como una forma de tomar acciones, no es más que señalar a funcionarios que, como chivos expiatorios, desconocen el alcance de las mafias y son amenazados de muerte o con hacerles daños a sus familias; es un “sacrificio” para luego darles medidas cautelares e incluso beneficios económicos por ser la tapadera de la farsa gubernamental”.
Está convencido, que “no menos de 500 tienen documentos, pasaportes, pasajes y financiamiento, para generar violencia y desestabilización en países latinoamericanos y en EEUU; poseen un certificado original de no tener antecedentes penales, sin borrarles internamente los antecedentes como medida de extorsión si se niegan a cumplir las misiones que tienen, esos son llamadas “brisitas bolivarianas”, cuando en realidad son parte de un ejército de capuchas rojas y falsos activistas delincuentes”.
En el 2001/2002 el sistema penal venezolano, con las mismas cárceles actuales, tenía capacidad de albergar a una población de 4.000 a 4.500 privados de libertad; hoy, sin haber construido nuevos centros penitenciarios, alberga el doble.
Poder, dinero y control
El oficial, en conversación con Infobae, explica una serie de eventos concatenados para evidenciar que ha sido una patraña conspirativa y falsa narrativa que el régimen se esfuerza por construir en el caso de las cárceles y sus pranes.
Año 2011: Tareck Zaidan El Aissami Maddah, entonces Ministro de Interior Justicia y Paz, presenta ante la Asamblea Nacional, la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, que finalmente fue promulgada en junio 2013, donde el control absoluto de las armas pasa a manos del Estado. El argumento del ahora defenestrado exministro es que “esta perversidad del mercado de armas es una herencia que arrastramos, en los gobiernos puntofijistas fue donde más se vendieron armas”. El 29 de febrero 2012 le dieron el visto bueno a la normativa la Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme. Así la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), dependiente del Ministerio de la Defensa, queda encargada de supervisar y controlar el armamento.
