Testigos declararon en audiencia de demanda por botaderos ilegales de ropa

La demanda por daño ambiental fue interpuesta por la abogada Paulin Silva. Por su parte, el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, se refirió a la dificultad en la implementación de políticas públicas y las labores de fiscalización que lleva a cabo el municipio.

Durante tres días se llevó a cabo la audiencia de prueba de la demanda por daño ambiental en contra del Fisco de Chile y la Municipalidad de Alto Hospicio por los botaderos ilegales de ropa en esa comuna.

La ministra presidenta, Sandra Álvarez Torres, y los ministros Marcelo Hernández Rojas y Alamiro Alfaro Zepeda del Primer Tribunal Ambiental escucharon las declaraciones de seis testigos del Consejo de Defensa del Estado y el mismo número de la Municipalidad de Alto Hospicio, así como las alegaciones finales de los abogados representantes de las partes.

En sus alegaciones finales, la abogada demandante, Paulin Silva, hizo alusión a la responsabilidad del Estado y a la falta de políticas públicas. Dijo que “no es normal convivir con vertederos ilegales, no es normal convivir con incendios, ni con basura en la calle” y aseguró que los hechos demandados “son la punta del iceberg”.

Además, Silva dijo que “ninguno de los testigos pudo dar fe de qué está compuesta la ropa que es arrojada en esos lugares, así como tampoco de la magnitud espacial de estos botaderos”.

La abogada insistió en las omisiones, en el actuar del Estado y cómo -según dijo- “hay un cúmulo de acciones, fiscalizaciones y recursos que se presentaron después de interpuesta la demanda por daño ambiental”.

Finalmente se refirió al rol del tribunal y afirmó que en él “están las esperanzas de años de injusticia ambiental y de cargas desiguales. Alto Hospicio recibe las externalidades negativas, lo que es injusto y no es equitativo ambientalmente”.

En tanto, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Osvaldo Solís, centró sus alegaciones finales en asegurar que no hay un daño ambiental, “sino una situación inédita que está asociada a riesgos”.

Además, Solís cuestionó que no se hubiese incluido en la demanda a la Zona Franca Iquique (Zofri) y a los usuarios de esta, ya que es la vía por donde llega la ropa, la que finalmente termina en botaderos ilegales. Lo anterior porque para el abogado “la demanda no tiene en consideración elementos básicos, como, por ejemplo, donde está el principio del contaminador-pagador, porque esos son Zofri y los usuarios”, argumentó.