La Justicia de Tucumán imputó en las últimas horas a los padres una menor que en el año 2021 protagonizó la muerte de un niño de tan solo tres años en un barrio de Las Talitas.
Según explicó Diego Hevia, el titular de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas I, el 22 de mayo de 2021 los ahora imputados incumplieron sus deberes tutelares al permitir que su hija de 12 años se subiera en una camioneta Toyota Hilux y condujera hasta la casa de un pariente, en un barrio de Las Talitas.
Ese día ocurrió una tragedia. La niña perdió el control del vehículo y terminó subiendo a la vereda, en ese desbocado trayecto la camioneta embistió a una criatura de tres años y terminó impactando contra una pared. El niño V. murió en el acto por la violencia del impacto. Para dimensionar la fuerza que tuvo el golpe, el fiscal detalló que en el muro quedó un hueco de tres metros de diámetro.
La conmoción del hecho generó un caos en el barrio. Algunos vecinos aseguraron que la conductora venía a alta velocidad y que habría intentado derrapar cuando perdió el control. No era la primera vez que veían a la niña manejando rápido vehículos de motor, algunos mencionaron que solía pasar por la cuadra haciendo “willy” en una moto y también conduciendo un cuatriciclo color azul. Todo eso explotó en una reacción violenta y L., desesperada llamó a su padre pidiendo ayuda.
Según la investigación, la reacción de la familia de L. también fue violenta. E y J fueron en otra camioneta a buscar a su hija junto a otras personas. Al llegar al lugar algunos de los mencionados bajaron armados y realizaron disparos al aire para amedrentar a los presentes. Luego uno se subió al vehículo que protagonizó el accidente y se lo llevaron junto a la niña. Con el correr de las horas, el titular de la camioneta lo entregaron a las autoridades para que sea peritada.
Por ese segundo hecho, el fiscal solicitó allanamientos en los cuales se incautó varias armas que no estaban registradas a nombre de sus poseedores. Una de ellas, incluso, tenía pedido de secuestro por un robo registrado en 2016. Con esa prueba, Hevia solicitó que los tres familiares de L. y un sereno que trabaja para la empresa de transporte de la que son propietarios sean imputados por la tenencia no autorizada de ese armamento. Además, a los padres de la menor que protagonizó la tragedia los acusó por homicidio culposo, no como autores, pero sí por no haber tomado los recaudos para evitar que la niña protagonizara el accidente fatal.
La defensora de los imputados, Tania Visintini, completó el relato del hecho recordando que luego del accidente los disturbios siguieron y que una horda de vecinos vandalizaron y saquearon la casa donde habitaba la conductora y sus padres. Por esa razón terminaron mudándose a un departamento de la capital.
El debate giró en torno a la responsabilidad parental ¿qué implica esto? Que los padres de un menor que comete un delito -un homicidio culposo en este caso- no pueden ser condenados por el por la comisión del hecho, es decir, por haberlo cometido.
Sin embargo, en esta oportunidad, el fiscal Hevia consideró que los puede considerarse que los progenitores hayan violado sus deberes de cuidado y guardia legal, haciendo que sus hijos se expusieran a un riesgo físico, moral o psicológico o hicieran lo mismo contra terceros.
En esta imputación tuvo importancia los testimonios de vecinos y parientes de los acusados. Todos informaron que la menor siguió conduciendo vehículos de gran porte luego de haber protagonizado la tragedia, según detalló La Gaceta.
En consecuencia, podrían ser condenados por abandono del cuidado de la menor de edad. Tanto Hevia como la defensora de Niñez (representa a la víctima), Alejandra Rivas, remarcaron la importancia de hacer valer este concepto jurídico en la causa. Lo mismo ocurrió con Hugo Lami y Marcos Rufinio, acompañantes de la familia del niño fallecido, que no pueden ser querellantes por la norma que impide ocupar ese rol en causa donde están involucrados menores.
En la audiencia de ayer, los acusados se abstuvieron de declarar. Visintini planteó la nulidad de lo que solicitaba el fiscal Hevia. Argumentó su pedido señalando que no era correcto que dos fiscales hayan tenido un criterio diferente a la hora de pedir la imputación en su contra.
En defensa de los imputados, explicó que el caso comenzó a ser investigado por otro fiscal (Claudio Bonari), quien en su momento no habría hecho una apertura de la investigación al entender que la autora del hecho era, por su edad, inimputable, es decir, que nunca respondería penalmente por la muerte que había provocadao.
Sí le dio intervención al fuero Civil para que tomara cartas en el asunto y determinara cómo se reparará el daño causado a la familia de V. La defensora remarcó que en ese momento nadie planteó tratar la responsabilidad penal del caso.
