Esta normativa entró en vigor durante 90 días después de la publicación del decreto supremo 78 el pasado 24 de febrero. Posteriormente, su validez se extendió por un período idéntico mediante el decreto supremo 139, el 24 de mayo de 2023, tras la expiración de la vigencia previa a principios de la semana pasada. En ese mismo contexto, el Senado aprobó la prolongación del sistema de protección en las zonas fronterizas de la Macrozona Norte por otros 90 días, siguiendo la aprobación previa de la Cámara Baja en la misma línea.
En relación a estos acontecimientos, la diputada Yovana Ahumada (Ind.-exPDG) compartió su perspectiva con El Mercurio de Antofagasta acerca de la renovación del resguardo fronterizo. Reconoció que el trabajo en este ámbito aún presenta deficiencias debido a la falta de medidas complementarias necesarias. «Es evidente que en lo que respecta a la infraestructura crítica renovada, debíamos centrarnos en aspectos definitivos, que son cruciales para cuando la infraestructura crítica ya no esté en vigencia. Hablamos de la necesidad de contar con una policía fronteriza, asignación de recursos y equipamiento. En esencia, debemos aceptar la importancia de proteger nuestras fronteras, estableciendo un filtro para identificar a los migrantes que llegan sin documentos, ya que desconocemos su identidad y antecedentes. Debemos mejorar la manera en que transmitimos información sobre los antecedentes a los migrantes que no utilizan los pasos habilitados».
«Además, necesitamos implementar medidas que disuadan la entrada irregular a nuestro país y que frenen la proliferación de bandas de crimen organizado, el robo de vehículos y el tráfico de drogas. También es crucial fortalecer la capacidad de las fuerzas policiales en términos de control de identidad y presencia en la zona. Existe una diferencia entre lo que podemos hacer en la frontera y lo que debemos hacer con aquellos que están cometiendo delitos graves y de gran impacto», agregó Ahumada.
En relación a la migración irregular, de acuerdo con la Policía de Investigaciones, entre enero y junio de este año se reportaron 22.820 denuncias y autodenuncias por ingresos a través de pasos no habilitados en el país. Esta cifra representa una disminución en comparación con los 31.910 casos registrados en el mismo período de 2022.
En el semestre anterior, también se observó una disminución en el número de deportaciones informadas por el Poder Judicial. Según esta entidad, hubo 751 deportaciones en 2021, cifra que aumentó a 1.220 en 2022. Hasta junio de este año, se han registrado 246 deportaciones de este tipo.
En cuanto a los controles en carretera, el diputado Sebastián Videla (Ind.-PL) expresó la necesidad de implementar medidas adicionales a la Ley de Infraestructura Crítica. «La renovación del proyecto que involucra a militares en la frontera y a la infraestructura crítica es algo que hemos promovido desde el comienzo de nuestro mandato como diputados, especialmente aquellos que representamos al norte. Esto ha contribuido a una mejor organización para prevenir el ingreso irregular de personas por pasos no habilitados. Sin embargo, esta no es la solución definitiva. Personalmente, he solicitado al Subsecretario del Interior y a la Ministra incrementar los puntos de control fronterizo en las carreteras, además de instalar defensas de seguridad. He presentado esta propuesta para prevenir el robo de vehículos», señaló Videla.
