Escondida en los precios, la presión fiscal de la Argentina está entre las más altas del mundo

El valor de los pasajes aéreos o los autos, por caso, se duplica por el peso de los gravámenes, que en productos alimenticios representan más de 40% del ticket; en las facturas al consumidor final no se discriminan los conceptos, ya que la AFIP lo prohíbe.

Los consumidores finales no tienen acceso a información directa sobre los impuestos que pagan cuando compran los productos

Cada vez que un argentino compra un auto cero kilómetro se da la siguiente secuencia. Llega a la concesionaria y firma papeles. Muchos, por cierto. Luego, ya en el salón de entrega, sonríe, posa para la foto familiar, revisa los detalles de la unidad, acaricia con su mano la chapa fresca, se agacha un poco como para mejorar vaya a saber qué perspectiva y escucha las instrucciones sobre el instrumental que le explica el vendedor. Luego, le dan la llave. Pone en marcha su fetiche y se va contento. Jamás habrá tomado conciencia de que terminó una operación en la que pagó poco más de dos unidades y se llevó a la casa una sola de ellas. La otra, se la regaló al Estado.

Si esa misma persona pasa por una estación de servicio y carga nafta, es posible que tampoco tenga claro que por cada 100 pesos que paga, si está en la ciudad de Buenos Aires casi 30 irán a la recaudación del IVA y del impuesto los combustibles líquidos, entre otros conceptos de cargas fiscales. Si mira el ticket encontrará un total con el precio que deberá pagar. Ahora, si es curioso y espía la pantalla con la que el empleado confecciona la facturación, podrá ver que ese valor contiene una media docena de impuestos que se cobran con un perfecto anonimato de los cobradores. En la factura final se eliminan los conceptos y se imprime apenas un total.

Si pasa por el supermercado y compra cualquier alimento, también pagará una porción enorme de impuestos por encima del valor del bien. Al pagar, recibirá también un ticket con el total pero si le llega a decir que es una sociedad o que no es consumidor final, tendrá otro comprobante distinto en el que al menos se discrimina el IVA. Solo eso; de los demás, ni noticias.

La Argentina de este tiempo se ha convertido en el país del planeta con mayor cantidad de impuestos sobre la economía formal. Pero esa anomalía no es la única. Más allá de la voracidad fiscal característica, el país está sumido en una enorme opacidad a la hora de pagar impuestos mediante la compra o venta de algún bien. Ni siquiera el IVA se discrimina para un consumidor final.

La cuestión es simple: la carga impositiva sobre el sector formal es tal alta que hay que esconderla debajo de la alfombra. Semejante desembolso que a diario hace cada consumidor no se desglosa en ninguna compra y nadie sabe qué, cuánto y a quién se paga el impuesto o la tasa con la que se carga un producto o servicio.

El meollo de semejante opacidad fiscal tiene su origen en el artículo 39 de la ley de IVA. “Cuando un o una responsable inscripto o inscripta realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales, no deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación”, dice la norma.

Alguna vez estuvo vigente el artículo 8 de la reglamentación 4333/1997 de la Dirección General Impositiva (DGI), firmada por Carlos Silvani. ¿Qué decía? Pues que quien discrimine el IVA en una factura o ticket de un consumidor final tendrá una sanción. Con el tiempo, el pudor fiscal hizo que la norma fuera derogada. El tema es que en la Argentina de las decisiones a medio camino, si bien aquella regulación no rige, pues otras son las que tienen validez. Hay que buscar en dos reglamentaciones de la AFIP para encontrar esa prohibición, de discriminar el IVA, como sucede en la mayoría de los países del planeta, y posteriormente, hacer caer el peso de la ley al “infractor”.

“Esa regulación es única en el mundo. En la Argentina no sólo que se oculta el IVA sino que también todos los demás impuestos y tasas que se esconden detrás de un ticket de compra”, dice Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, una ONG que se dedica a generar conciencia fiscal en la sociedad.

¿Qué es lo que se esconde o lo que la política impositiva ha decidido no mostrar? “Detrás está la tasa impositiva sobre el sector formal de la economía más alta del mundo”, explica Olivero Vila. Se refiere al indicador que elaboraba el Banco Mundial y se llamó “Doing Business” y que en su última entrega, de 2020, arrojó un número que deja a la Argentina en el primer lugar dentro de los países que más impuestos cobran. ¿Cuál es el porcentaje del peso impositivo? Ni más ni menos que el 106%.

Desde España, el tributarista Iván Sasovsky dice que sigue a sus clientes donde van. “Estamos en Barcelona, además de Uruguay y Argentina. Nos toca seguir a nuestros clientes”, explica. Y entonces aporta una mirada complementaria que no puede dejar de pasar inadvertida. “En pesos y a valores nominales, la presión impositiva argentina sobre el sector formal está entre las más altas del mundo. Pero en dólares y a valores reales, tenemos tasas parecidas a un paraíso fiscal”, dice.

Cómo se explica entonces que para algunos se considere la más alta y para otros la más baja. Pues hay temas técnicos, pero básicamente implica que para los grandes contribuyentes, con ingresos en dólares o dolarizables, el paso del tiempo y la inflación a velocidad de rayo genera beneficios importantísimos. ”Hay algunos impuestos que se pagan un año y medio después. Por ejemplo, una persona que tiene ingresos en dólares paga una tasa real que suele ser irrisoria. La Argentina es una licuadora impositiva. Este contribuyente puede pagar casi un año y medio después. Facturó en enero pasado y lo abona en julio o agosto 2024. Esa situación pone a la Argentina en el primer lugar de licuación de impuestos ya que no se actualizan por inflación y además, se usa el dólar oficial. Para el Gobierno, es más fácil imprimir que recaudar”, resumió.