El viento que golpea en esta localidad de 470 habitantes del partido bonaerense de Carlos Casares fue testigo del encuentro de más de 300 personas que se acercaron a la planta de Lácteos Vidal, la fábrica que el año pasado sufrió un bloqueo a raíz de un conflicto por recategorizaciones con empleados afiliados al gremio lechero Atilra, para hacer un abrazo simbólico.
Las palabras de Alejandra Bada Vázquez, la dueña de la pyme, se mezclaban con el ruido de las calderas que funcionan las 24 horas, el ingreso y egreso de camiones, y los aplausos que asentaban sus declaraciones. Durante la prolongación de la disputa, que va a cumplir un año, la propietaria de la empresa enfrentó al sindicato y su postura de no ceder recibió adhesiones del sector productivo y se metió en la agenda pública general.
La cita era a las 15, pero desde muy temprano se reunieron productores agropecuarios, empresarios del rubro, comerciantes y hasta los mismos vecinos para participar del acto. El encuentro, que organizó la Cámara de Productores de Leche Cuenca Oeste (Caprolecoba) y acompañaron la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), la Unión de Productores de Leche Cuenca Mar y Sierras, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y el Movimiento Campo + Ciudad, entre una treintena de entidades más, se tornaba emotivo con la llegada de cada asistente.
“Gracias por venir, por acompañar”, agradecía Bada Vázquez a cada familia que se apostaba frente al escenario improvisado. En algunos grupos recordaban que entre el 18, 19 y 20 de julio del año pasado el gremio lácteo realizó de manera intempestiva un bloqueo “con la excusa de una nueva enmarcación de las categorías por antigüedad de los trabajadores”.
Tras ese primer conflicto, el 20 de julio de 2022 el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria que venció días después y el sindicato insistió con la medida de fuerza en agosto. El caso escaló y afectó también a la fábrica de la empresa en el barrio porteño de Villa Devoto.
Causas del conflicto
Hoy hay dos causas, una laboral y una penal en curso. La primera está en manos del Juzgado de Trabajo N°69, a cargo del magistrado José Ignacio Ramonet, quien la semana pasada hizo lugar a un pedido de la dueña de la pyme de apelar la sustitución del embargo por más de $5 millones de la cuenta bancaria de la firma por no reincorporar a los empleados despedidos tras el bloqueo realizado en la planta. La acción penal también está en curso, por lo que sus abogados consideran que va a haber imputaciones por compulsión a la huelga.
“Necesitamos hacer las cosas bien. Nosotros solos no podemos hacer nada. Los empresarios y emprendedores estamos en una situación muy difícil: nuestros derechos son vulnerados. En el caso de la mafia sindical de Atilra, desde hace muchos años estamos sufriendo cachetazos y puñetazos. No es la primera, pero espero que sí sea la última y que no quede ninguna pyme en el camino. No por la pyme, sino por las fuentes de trabajo”, dijo Bada Vázquez en su mensaje. Aclaró que, si bien es la cara visible de la firma, no es la única responsable.
Entre los asistentes estaban sus proveedores, clientes y empleados que vestían un pulcro uniforme blanco. Son todos muy jóvenes y desde un costado observaban a la empresaria. Al final de la calle, frente al escenario, estaba la otra cara: un grupo de delegados de Atilra y tres exempleados, según constató LA NACION, quienes siguieron parte de lo que se dijo en el escenario.
“Cuando a la mañana recibís un mensaje y los colegas te dicen que están bloqueados, nos corre un sudor frío por la espalda, porque sabemos que la leche se pudre. Un bloqueo es un secuestro, una extorsión. Te secuestran la fábrica, literal, y te comenzás a fundir. Te usurpan la propiedad, no te dejan sacar ni entrar la leche. A la gente no la dejan entrar a trabajar. Cuando comienzan a extorsionarte estos señores, se ponen a ver el reloj y te dicen: ‘son las seis de la tarde, se te va a pudrir la leche, ¿qué vas a hacer?, ¿me vas a dar lo que te pido? Es una extorsión y no encontramos ayuda; si no nos ayudan, los colegas amenazados entramos en una situación muy difícil y no lo podemos permitir”, relató.
La empresaria explicó que con esa extorsión “piden un rescate, lo que se les ocurre”. En su caso, categorías que no corresponden. “Muchas veces uno cede porque no encuentra la salida. Nosotros decidimos que no vamos a ceder. Se tiene que respetar el derecho de trabajar en libertad y hacer las cosas bien. Un bloqueo es un delito, una turbación a la propiedad. Usurpan y ponen una carpa”.
“Hay gente que quiere vivir de la dignidad que le da su trabajo”, explicó Bada Vázquez. Recordó que hubo empleados que decidieron “jugársela” e ir a trabajar, pese a la huelga.
