Lamentó que el 92% de ocupación prevista por sectores del turismo, cayó al 47%, con un amplio flujo de turistas que se fue y terminó en Salta. Del impacto económico previsto de 1.344 millones de pesos, sólo se movilizó un flujo de 651 millones de pesos. “Alguien tendrá que resarcir esta pérdida de 700 millones de pesos”, remarcó.
En esta línea argumental, puntualizó que “Milagro Sala sigue bancando esta situación con plata que le da el gobierno nacional” y denunció que “desde hace un mes gente que no es de Jujuy está agitando el clima social, enviada por el gobierno nacional y organizaciones”.
Precisó que “tanto el gobierno nacional, como el kirchnerismo y La Cámpora, están metidos” en este escenario y estimó que “son los sectores que quieren volver al Jujuy de la violencia, cuando nuestra consigna es la paz”, aclarando que de esta intencionalidad “separó a las comunidades”.
Apuntó que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, “vino a Jujuy, pero no fue a Chaco, donde hay un estado paralelo que no puede terminar sin muerte”.
De esta manera, Morales planteó de manera “taxativa y determinante la responsabilidad del gobierno nacional en el actual clima de violencia”.
“Los cortes de rutas nacionales son un delito flagrante, pero el gobierno nacional nada hace, porque quiere el caos en la provincia”, subrayó y agregó que los ministros Eduardo De Pedro y Aníbal Fernández “miran a un costado”, porque es decisión del gobierno nacional “empujar al gobierno provincial, lo que no permitiremos”.
Por otra parte, fue categórico al asegurar que la reforma “no tuvo un tratamiento exprés”, recordando que la ley de necesidad de reforma fue votada en septiembre de 2022 y la convocatoria fue formulada en noviembre de 2022. “El proyecto de ley sancionado en septiembre tenía todos los artículos susceptibles de modificación”, refirió y señaló que “de allí se dio el debate”.
Además, recordó que “la campaña, camino a las elecciones provinciales del 7 de mayo, tuvo como eje la reforma” e hizo especial alusión a la “participación de más de 300 comunidades indígenas” durante todo el proceso.
